ANALISIS Y PROYECCION DEL ANUNCIO PRESIDENCIAL RELATIVO A PUEBLOS INDIGENAS.
En una sencilla ceremonia realizada en el Palacio presidencial el lunes 30 de Abril del 2007, la Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet ha formulado los anuncios que representan la respuesta del Gobierno democrático a las demandas históricas de nuestros Pueblos Indígenas, lo que está constituido por cinco lineamientos estratégicos. A saber:
1.- Fortalecimiento de las formas de participación de los Pueblos Indígenas en la sociedad política y civil.
2.- Reconocimiento y profundización de los derechos (indígenas).
3.- Creación de un Programa Indígena Urbano.
4.- Creación en la Conadi de una Unidad de la Mujer.
5.- Líneas estratégicas sobre Educación y Cultura.
Cada uno de estos lineamientos presentados comprende diversas medidas que requieren gestiones administrativas y legislativas. Pero antes de entrar al detalle de tales medidas es preciso puntualizar y destacar lo siguiente:
En su mensaje ante la reunión de representantes indígenas, la Presidenta señaló que se trata de “vislumbrar una nueva agenda para los Pueblos Indígenas de Chile”.
La afirmación es importante por cuanto permite instalar un punto de inflexión entre el período 1988-1993, con motivo de la Ley Indígena 19.253 y su creación, y el período 1994-2006 como resultado de la aplicación de esta Ley con resultados muy relevantes. A su vez, la política indígena de la Concertación ha estado marcada por cinco hitos históricos: el Pacto de Nueva Imperial, de diciembre de 1989; la creación de la CEPI, al inicio del Gobierno del Presidente
Aylwin, en 1990; el debate, aprobación y promulgación de la Ley Indígena el 5 de octubre de 1993 (lejos, el hecho histórico más relevante desde el punto de vista legislativo); la instalación de CONADI, en 1994 y posteriormente, el hecho indubitable de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato del período 2003-2004.
Cada uno de estos hitos ha estado precedido por importantes procesos de “diálogos” o “consultas” nacionales indígenas :
1.- Durante la etapa del plebiscito de 1998 y la campaña presidencial de 1989 con el resultado del Pacto de Nueva Imperial.
2.- Durante el período 1990-1993 con el debate nacional en torno al proyecto de Ley Indígena, debate que movilizó muy ampliamente a miles de indígenas en el país.
3.- Los “diálogos con comunidades indígenas” impulsado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle entre 1998-1999, luego del conflicto Ralco. Recordemos que este diálogo concluyó con una masiva convocatoria de casi 2.000 indígenas en el Palacio de La Moneda e importantes anuncios del Presidente.
4.- Los debates de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato en el Gobierno del Presidente Lagos (2003-2004) y los anuncios formulados en Abril del 2004.
5.- El “diálogo nacional indígena” convocado por distintas organizaciones en el 2006 y que concluyó con diversos informes y propuestas fue, efectivamente, como ha dicho la Presidenta una oportunidad de “hacer un alto en el camino para evaluar todo lo que se había hecho desde el primer encuentro en Nueva Imperial”.
Es importante señalar que el diálogo realizado en el 2006 y parte inicial del 2007 ha permitido reunir una muy relevante cantidad de documentos preparados por organizaciones representativas de todos los Pueblos Indígenas de Chile. En un sentido académico e histórico tales documentos forman parte desde ya de la Memoria Histórica de nuestros Pueblos.
Volvamos ahora al tema de la “Nueva agenda”. La Presidenta ha marcado en su discurso tres cuestiones políticas interesantes:
1.- el Gobierno mantendrá abierto el canal de trabajo y colaboración con las “diversas formas de organización de los Pueblos Indígenas, sea por pueblo, regiones, organizaciones o temáticas específicas”. Esto debiera significar que la interlocución del Gobierno con los Pueblos Indígenas se amplía más allá de la entidad institucional de CONADI y de sus Consejeros. Por lo tanto, es una extensión del reconocimiento a un vasto universo de entidades, comunidades e instituciones indígenas. Básicamente, porque la Presidenta ha señalado el rumbo de esta interlocución al decir expresamente que “se requiere mantener un trabajo conjunto, con el Gobierno, pero también en la sociedad”. Debe entenderse esta afirmación como la construcción de un puente político fundamental entre la autoridad y la sociedad civil.
La Presidenta ha otorgado también un merecido reconocimiento a la Ley Indígena 19.253 en sus 14 años de existencia y ha destacado su transversalidad. Este dato es importante por cuanto esta Ley, aún con algunas insuficiencias, es un cuerpo legal bastante más avanzado que otras Leyes existentes en la historia legislativa de Chile y no siempre se ha valorado su importancia. Por cierto, la relevancia de esta Ley no radica solo en la elección abierta de algunos de sus Consejeros, sino principalmente en sus virtudes jurídicas que han permitido recuperar el patrimonio territorial y los derechos de aguas y ha sido fundamental en la instalación de diversos proyectos sociales, económicos y culturales.
La “Nueva agenda para los pueblos indígenas de Chile”, de acuerdo al enunciado presidencial tiene un especial punto de partida: “vamos a estudiar el establecimiento de nuevos mecanismos y procedimientos para la participación autónoma y representativa de los Pueblos Indígenas en diversas instancias del Estado, acordes con el desarrollo político y cultural actual del país”.
Esta afirmación (y por ende compromiso) presidencial constituye el tema-eje de la Nueva Agenda y merece ser analizado con profundidad. “Estudiar el establecimiento de nuevos mecanismos” de participación política implica tiempo y debate legislativo. Se habla de “participación autónoma” de los Pueblos. Por lo tanto la afirmación apunta a una necesaria mirada respecto de una forma
institucional que refleje esa autonomía. Hasta ahora los Pueblos Indígenas no cuentan con una representación institucionalizada en el Estado, con excepción de lo señalado en la Ley Indígena 19.253 respecto del Consejo de Conadi y la presencia de ocho representantes indígenas elegidos directamente por un cuerpo de electores ciudadanos indígenas.
Las últimas elecciones no han sido suficientemente masivas. Por lo tanto hay un debate que realizar respecto del universo de votantes indígenas que debiera superar las 150.000 personas y, sin embargo, los electores para elegir Consejeros de la Conadi no han logrado superar las 15.000 personas y la tendencia es a la baja. Por lo tanto, hay una segunda discusión asociada a la efectiva representación que emana de un universo electoral restringido. Actualmente hay Alcaldes y Concejales indígenas, electos por soberanía popular que ostentan una votación promedio muy superior a la que obtiene un candidato a Consejero de la Conadi.
En consecuencia, la instalación de una institucionalidad nacional, autónoma y representativa de nuestros Pueblos Indígenas es, en el Mensaje de la Presidenta de Chile, una gran iniciativa histórica. Cualquiera sea la formula de esta institucionalidad ella requiere tres sustentos fundamentales: 1.- Reconocimiento y establecimiento por Ley; 2.- Financiamiento efectivo del Estado (salvaguardando así eventuales dependencias de gobiernos de turno) y 3.- Una fórmula de representación popular indígena que sea más amplia que la actual en el Consejo de Conadi. Para algunas personas y entidades indígenas esto es un Parlamento Indígena. Para otros es un Foro Nacional. La tendencia más marcada apunta a una “Asamblea o Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile”.
En una sencilla ceremonia realizada en el Palacio presidencial el lunes 30 de Abril del 2007, la Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet ha formulado los anuncios que representan la respuesta del Gobierno democrático a las demandas históricas de nuestros Pueblos Indígenas, lo que está constituido por cinco lineamientos estratégicos. A saber:
1.- Fortalecimiento de las formas de participación de los Pueblos Indígenas en la sociedad política y civil.
2.- Reconocimiento y profundización de los derechos (indígenas).
3.- Creación de un Programa Indígena Urbano.
4.- Creación en la Conadi de una Unidad de la Mujer.
5.- Líneas estratégicas sobre Educación y Cultura.
Cada uno de estos lineamientos presentados comprende diversas medidas que requieren gestiones administrativas y legislativas. Pero antes de entrar al detalle de tales medidas es preciso puntualizar y destacar lo siguiente:
En su mensaje ante la reunión de representantes indígenas, la Presidenta señaló que se trata de “vislumbrar una nueva agenda para los Pueblos Indígenas de Chile”.
La afirmación es importante por cuanto permite instalar un punto de inflexión entre el período 1988-1993, con motivo de la Ley Indígena 19.253 y su creación, y el período 1994-2006 como resultado de la aplicación de esta Ley con resultados muy relevantes. A su vez, la política indígena de la Concertación ha estado marcada por cinco hitos históricos: el Pacto de Nueva Imperial, de diciembre de 1989; la creación de la CEPI, al inicio del Gobierno del Presidente
Aylwin, en 1990; el debate, aprobación y promulgación de la Ley Indígena el 5 de octubre de 1993 (lejos, el hecho histórico más relevante desde el punto de vista legislativo); la instalación de CONADI, en 1994 y posteriormente, el hecho indubitable de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato del período 2003-2004.
Cada uno de estos hitos ha estado precedido por importantes procesos de “diálogos” o “consultas” nacionales indígenas :
1.- Durante la etapa del plebiscito de 1998 y la campaña presidencial de 1989 con el resultado del Pacto de Nueva Imperial.
2.- Durante el período 1990-1993 con el debate nacional en torno al proyecto de Ley Indígena, debate que movilizó muy ampliamente a miles de indígenas en el país.
3.- Los “diálogos con comunidades indígenas” impulsado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle entre 1998-1999, luego del conflicto Ralco. Recordemos que este diálogo concluyó con una masiva convocatoria de casi 2.000 indígenas en el Palacio de La Moneda e importantes anuncios del Presidente.
4.- Los debates de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato en el Gobierno del Presidente Lagos (2003-2004) y los anuncios formulados en Abril del 2004.
5.- El “diálogo nacional indígena” convocado por distintas organizaciones en el 2006 y que concluyó con diversos informes y propuestas fue, efectivamente, como ha dicho la Presidenta una oportunidad de “hacer un alto en el camino para evaluar todo lo que se había hecho desde el primer encuentro en Nueva Imperial”.
Es importante señalar que el diálogo realizado en el 2006 y parte inicial del 2007 ha permitido reunir una muy relevante cantidad de documentos preparados por organizaciones representativas de todos los Pueblos Indígenas de Chile. En un sentido académico e histórico tales documentos forman parte desde ya de la Memoria Histórica de nuestros Pueblos.
Volvamos ahora al tema de la “Nueva agenda”. La Presidenta ha marcado en su discurso tres cuestiones políticas interesantes:
1.- el Gobierno mantendrá abierto el canal de trabajo y colaboración con las “diversas formas de organización de los Pueblos Indígenas, sea por pueblo, regiones, organizaciones o temáticas específicas”. Esto debiera significar que la interlocución del Gobierno con los Pueblos Indígenas se amplía más allá de la entidad institucional de CONADI y de sus Consejeros. Por lo tanto, es una extensión del reconocimiento a un vasto universo de entidades, comunidades e instituciones indígenas. Básicamente, porque la Presidenta ha señalado el rumbo de esta interlocución al decir expresamente que “se requiere mantener un trabajo conjunto, con el Gobierno, pero también en la sociedad”. Debe entenderse esta afirmación como la construcción de un puente político fundamental entre la autoridad y la sociedad civil.
La Presidenta ha otorgado también un merecido reconocimiento a la Ley Indígena 19.253 en sus 14 años de existencia y ha destacado su transversalidad. Este dato es importante por cuanto esta Ley, aún con algunas insuficiencias, es un cuerpo legal bastante más avanzado que otras Leyes existentes en la historia legislativa de Chile y no siempre se ha valorado su importancia. Por cierto, la relevancia de esta Ley no radica solo en la elección abierta de algunos de sus Consejeros, sino principalmente en sus virtudes jurídicas que han permitido recuperar el patrimonio territorial y los derechos de aguas y ha sido fundamental en la instalación de diversos proyectos sociales, económicos y culturales.
La “Nueva agenda para los pueblos indígenas de Chile”, de acuerdo al enunciado presidencial tiene un especial punto de partida: “vamos a estudiar el establecimiento de nuevos mecanismos y procedimientos para la participación autónoma y representativa de los Pueblos Indígenas en diversas instancias del Estado, acordes con el desarrollo político y cultural actual del país”.
Esta afirmación (y por ende compromiso) presidencial constituye el tema-eje de la Nueva Agenda y merece ser analizado con profundidad. “Estudiar el establecimiento de nuevos mecanismos” de participación política implica tiempo y debate legislativo. Se habla de “participación autónoma” de los Pueblos. Por lo tanto la afirmación apunta a una necesaria mirada respecto de una forma
institucional que refleje esa autonomía. Hasta ahora los Pueblos Indígenas no cuentan con una representación institucionalizada en el Estado, con excepción de lo señalado en la Ley Indígena 19.253 respecto del Consejo de Conadi y la presencia de ocho representantes indígenas elegidos directamente por un cuerpo de electores ciudadanos indígenas.
Las últimas elecciones no han sido suficientemente masivas. Por lo tanto hay un debate que realizar respecto del universo de votantes indígenas que debiera superar las 150.000 personas y, sin embargo, los electores para elegir Consejeros de la Conadi no han logrado superar las 15.000 personas y la tendencia es a la baja. Por lo tanto, hay una segunda discusión asociada a la efectiva representación que emana de un universo electoral restringido. Actualmente hay Alcaldes y Concejales indígenas, electos por soberanía popular que ostentan una votación promedio muy superior a la que obtiene un candidato a Consejero de la Conadi.
En consecuencia, la instalación de una institucionalidad nacional, autónoma y representativa de nuestros Pueblos Indígenas es, en el Mensaje de la Presidenta de Chile, una gran iniciativa histórica. Cualquiera sea la formula de esta institucionalidad ella requiere tres sustentos fundamentales: 1.- Reconocimiento y establecimiento por Ley; 2.- Financiamiento efectivo del Estado (salvaguardando así eventuales dependencias de gobiernos de turno) y 3.- Una fórmula de representación popular indígena que sea más amplia que la actual en el Consejo de Conadi. Para algunas personas y entidades indígenas esto es un Parlamento Indígena. Para otros es un Foro Nacional. La tendencia más marcada apunta a una “Asamblea o Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile”.
La idea de un “Parlamento Indígena” tiene complejidades puesto que, de acuerdo a la Constitución y al Estado de Derecho el Parlamento debiera tener potestad legislativa y por lo mismo se reconoce a un solo Parlamento en la división de poderes. No podría existir un segundo parlamento con igual potestad. En consecuencia y salvo que la idea de “Parlamento Indígena” se refiriese al sentido etimológico de “parlamentar”, esto es “entablar conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz, una rendición, un contrato o para zanjar cualquier diferencia” (real academia) entonces deberá discutirse las características esenciales de esta institucionalidad.
En Chile nunca ha existido una “Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas” así reconocida por una Ley de la República. De lograrse, de acuerdo a la inspiración presidencial, sería un logro histórico de enorme magnitud porque una institución de esta naturaleza tendría posibilidades reales de representar a todos los Pueblos indígenas en una interlocución que no estaría remitida sólo al Gobierno, sino que abarcaría a todos los poderes de la sociedad y del Estado. Y en lo que concierne a la dimensión legislativa, esta Asamblea podría tener –entre sus potestades legales- la función de concordar con el Ejecutivo y con el Parlamento las modificaciones legales necesarias para ensanchar el campo de los derechos indígenas en la sociedad.
Se requiere, por cierto, partir de una propuesta. En ese sentido, la Presidenta ha instalado un punto de inicio y debería ser posible ahora que las distintas entidades indígenas formulasen sus recomendaciones, sin perjuicio que la institucional gubernamental pueda avanzar en un proyecto legislativo buscando consensuar en el Parlamento su formulación y aprobación. Este paso requiere actores e instituciones dinámicas y en particular la CONADI debería cumplir un propósito en tal sentido.
Al respecto, la Presidenta en su mensaje del Lunes 30 de abril 2007 señaló una metodología: “la propuesta se elaborará en forma participativa, en consultas con las diversas organizaciones de los pueblos y en un proceso sistemático y fluido….”. Veamos estos alcances:
1.- Consultas con las diversas organizaciones de los Pueblos. Esto tiene como destinatarios inmediatos a todas las entidades que participaron en el “diálogo nacional” del 2006 e incluso a otras organizaciones que quieran sumarse en virtud de un criterio democrático. De acuerdo a los plazos políticos y dado que el tratamiento legislativo tiene su ritmo se requiere establecer con prontitud el plazo de este proceso y la forma como se arribará a conclusiones.
Al efecto recomiendo considerar el inicio del proceso cuando se celebre el Día Nacional de los Pueblos Indígenas (24 de junio) y la fase de cierre de consultas en un plazo estricto de 90 días, esto es mediados de Septiembre, de tal modo que el proyecto consensuado sea anunciado y convenido con el Parlamento en otra fecha simbólica: en el 15 aniversario de la Ley Indígena, el 5 de octubre del 2007.
2.- Proceso sistemático y fluido. Este concepto requiere ser precisado. Por “sistemático” debiera entenderse la tarea de dar cuerpo y propiedad conceptual a todo lo que ya está debatido en esta materia, de tal manera de poder ordenar y priorizar las ideas sustantivas ya conocidas y lo “fluido” debiera entenderse como una oportunidad para que todos expresen su opinión y para que esas opiniones sean efectivamente canalizadas en los plazos previstos.
La Presidenta ha remarcado en su mensaje que “de este proceso surgirán herramientas modernas que fortalezcan el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y su interlocución con el Estado y la sociedad en su conjunto, tal como lo plantea la declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas”.
Naciones Unidas aún no logra aprobar un proyecto de “Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas” del mundo. El debate lleva acumulado más de 15 años. Este tema fue muy relevante en la Conferencia de Derechos Humanos en Viena (2003) y fui testigo presencial de la enorme importancia que diversas naciones del mundo otorgaron a este proyecto. Fui parte de la delegación de Chile en dicho evento y pude cerciorarme directamente de la sensibilidad con que este tema fue tocado, junto al tema de los derechos de los negros y afrodescendientes en el mundo. Pero lo cierto es que aún no se logra la aprobación del proyecto y la Presidenta de Chile, en particular, ha tenido la disposición de poner a Chile como un país que en la comunidad internacional está dispuesto a apoyar dicho proyecto. En su discurso del Lunes 30 de abril 2007 ha expresado además su voluntad de adelantarse a dicho proyecto, anticipando en Chile los actos necesario en cuanto Estado para brindar respaldo pleno al ejercicio de los derechos de los pueblos originarios. Este es un punto relevante.
La Presidenta ha marcado también una señal contundente en su mensaje al anunciar que “enviaremos al Congreso un proyecto de reforma constitucional que reconozca el carácter multicultural de la nación chilena”. Esta frase suena sencilla y dicha en un escenario de diversos anuncios no permite aquilatar su fuerza y magnitud. Durante décadas la historia de Chile se ha construido sobre la base de un discurso culturalmente hegemónico. En ese sentido el reconocimiento de nuestra multiculturalidad es un reconocimiento a la pluralidad de sistemas jurídicos. Es un gran primer paso.
La teoría dominante del derecho en América latina está basado en las teorías kelsenianas respecto del “monismo jurídico” (al Estado le corresponde un solo sistema de derecho). Todo lo que estuviere fuera de dicho sistema se entendía como “costumbres”. En nuestro país desde la Colonia las políticas de segregación racial se aplicaron mediante la instauración de un sistema jurídico y político que enfatizaba la diferencia racial de indios y españoles. De acuerdo a esto se dio reconocimiento a las “costumbres” indígenas en tanto no afectasen el “orden jurídico natural”, el modelo económico y la religión subyacentes. Las naciones que se independizaron posteriormente establecieron sus normas constitucionales con prescindencia del derecho social indiano. La Conferencia de Derechos Humanos de Viena (1993), convocada por Naciones Unidas corrigió esta discriminación cuando señala que los países deben “tener en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos”.
En consecuencia, se afirma que el derecho de los Pueblos originarios a su existencia es esencial para la conformación de un modelo de justicia pluricultural. La Constitución chilena está distante de este predicamento. De hecho el concepto “pluricultural” no existe en su texto fundamental. Por lo tanto, la posición adoptada por la Presidenta de Chile en este sentido es de extraordinaria relevancia y ha elevado la mira del tema indígena en la sociedad política.
RECONOCIMIENTO Y PROFUNDIZACION DE LOS DERECHOS INDIGENAS.
Intimamente vinculado al lineamiento estratégico anterior la Presidenta ha señalado su voluntad de “acercarse a los estándares internacionales de reconocimiento y protección de los pueblos indígenas”. Para ello reitera un compromiso cuya data es de 1989: hacer aprobar la Norma 169 de la OIT “a la brevedad”. Se menciona también el proyecto de Ley sobre borde costero en el caso de comunidades lafquenches y pueblo rapa nui y se menciona la necesaria reforma constitucional para los territorios especiales de Rapa Nui y Juan Fernández.
En materia civil, la Presidenta propone el reconocimiento y establecimiento legal de un derecho inédito : la transmisión matrilineal del apellido indígena, como
una manera de hacer prevalecer por sobre el apellido no indígena del hombre el apellido ancestral de la madre, como una manera de brindar protección a la rica herencia cultural indígena. En este punto la Presidenta de Chile está dando una verdadera lección de interculturalidad.
Otra propuesta legal es el reconocimiento de las comunidades indígenas como organizaciones de base en relación con el Municipio, lo que permitirá a tales comunidades ejercer diversos derechos en el ámbito local. Se incorpora además la idea de incluir el derecho a ejercer las prácticas de medicina ancestral. Mención aparte es la referida a mecanismos que den cuenta de la opinión indígena en relación con sistemas de evaluación de impacto ambiental.
En síntesis: en relación con los lineamientos que son el eje estratégico del mensaje presidencial tenemos que abordar en un plazo intensamente breve los siguientes proyectos de Ley:
1.- Ley para establecer nuevos mecanismos y procedimientos para la participación autónoma y representativa de los Pueblos Indígenas en diversas instancias del Estado, acordes con el desarrollo político y cultural del país. (esa frase corresponde al tenor literal del mensaje presidencial). Esto es, al menos:
En consecuencia, se afirma que el derecho de los Pueblos originarios a su existencia es esencial para la conformación de un modelo de justicia pluricultural. La Constitución chilena está distante de este predicamento. De hecho el concepto “pluricultural” no existe en su texto fundamental. Por lo tanto, la posición adoptada por la Presidenta de Chile en este sentido es de extraordinaria relevancia y ha elevado la mira del tema indígena en la sociedad política.
RECONOCIMIENTO Y PROFUNDIZACION DE LOS DERECHOS INDIGENAS.
Intimamente vinculado al lineamiento estratégico anterior la Presidenta ha señalado su voluntad de “acercarse a los estándares internacionales de reconocimiento y protección de los pueblos indígenas”. Para ello reitera un compromiso cuya data es de 1989: hacer aprobar la Norma 169 de la OIT “a la brevedad”. Se menciona también el proyecto de Ley sobre borde costero en el caso de comunidades lafquenches y pueblo rapa nui y se menciona la necesaria reforma constitucional para los territorios especiales de Rapa Nui y Juan Fernández.
En materia civil, la Presidenta propone el reconocimiento y establecimiento legal de un derecho inédito : la transmisión matrilineal del apellido indígena, como
una manera de hacer prevalecer por sobre el apellido no indígena del hombre el apellido ancestral de la madre, como una manera de brindar protección a la rica herencia cultural indígena. En este punto la Presidenta de Chile está dando una verdadera lección de interculturalidad.
Otra propuesta legal es el reconocimiento de las comunidades indígenas como organizaciones de base en relación con el Municipio, lo que permitirá a tales comunidades ejercer diversos derechos en el ámbito local. Se incorpora además la idea de incluir el derecho a ejercer las prácticas de medicina ancestral. Mención aparte es la referida a mecanismos que den cuenta de la opinión indígena en relación con sistemas de evaluación de impacto ambiental.
En síntesis: en relación con los lineamientos que son el eje estratégico del mensaje presidencial tenemos que abordar en un plazo intensamente breve los siguientes proyectos de Ley:
1.- Ley para establecer nuevos mecanismos y procedimientos para la participación autónoma y representativa de los Pueblos Indígenas en diversas instancias del Estado, acordes con el desarrollo político y cultural del país. (esa frase corresponde al tenor literal del mensaje presidencial). Esto es, al menos:
a.- Creación de un referente autónomo nacional de los Pueblos Indígenas.
b.- Participación de los indígenas chilenos en el Parlamento. ¿Ley de cuotas?).
c.- Participación de los indígenas en el aparato de Gobierno: ¿permanece la actual estructura de Conadi o se otorga al tema indígena un rango ministerial, como debería ser?.
d.- Participación de los indígenas en el ámbito Municipal.
e.- Otros…
2.- Proyecto de Ley de reforma constitucional referido al carácter multicultural de la Nación chilena, que lleva implícito el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas.
3.- Proyecto de Ley del Borde Costero (lafquenche, rapa nui, otros).
4.- Reforma al Código Civil para establecer el derecho de la mujer indígena a la transmisión matrilineal de su apellido indígena.
5.- Reforma a la Ley orgánica de Municipio para establecer e incorporar la participación de comunidades indígenas en el ámbito local. Entre otros aspectos, esto conlleva la idea de crear Oficinas Municipales de Asuntos Indígenas como una manera de transversalizar este tema en las culturas comunales.
6.- Reforma a la Ley de Salud o creación de una Ley particular para establecer el reconocimiento de la medicina ancestral y sus derechos de ejercicio.
7.- En relación con los sistemas de evaluación de impacto ambiental, debería considerarse una modificación a la Ley Ambiental para incorporar ahí los mecanismos explícitos.
(A este listado de proyectos legislativos hay que sumar una propuesta de indicación al proyecto de Ley general de Enseñanza, actualmente en trámite).
La Presidenta ha formulado los anuncios relativos a estos siete proyectos y se requiere establecer con extrema prontitud un procedimiento de trabajo institucional que conlleva el debate del Consejo de Conadi, la consulta a las organizaciones indígenas y líneas de conversación con diversas entidades gubernamentales (Justicia, Subdere, Salud, Segpres,etc).
POLITICA INDIGENA URBANA.
La tercera idea presidencial, tomada del debate nacional indígena se refiere a la Política indígena urbana, un tema muy ausente en la práctica institucional del Estado. Al efecto, la Presidenta señala su voluntad de “crear un programa indígena urbano” con financiamiento del BID. Se plantean cinco líneas de acción (calidad de vida, promoción de derechos, fortalecimiento de la identidad y rescate cultural, visibilización cultural en espacios públicos y promoción de la no discriminación). Se propone crear programas de emprendimiento; atender temas de vivienda; construir centros ceremoniales; un cementerio indígena; promoción del deporte indígena (recordemos que Chile Deportes ya declaró a la chueca como deporte nacional), etc.
La creación del Programa Indígena Urbano es una medida de orden administrativa. Es decir, el Consejo nacional de la CONADI cuenta con la
potestad para crearlo de conformidad a la Ley Indígena. En consecuencia es una medida de trámite expedito. Las demás medidas requieren coordinación con diversos ministerios (Vivienda, MOP) para los efectos de disponer de la glosa presupuestaria y las decisiones de rigor orientadas a la construcción de centros ceremoniales y cementerio.
MUJER INDIGENA.
La Presidenta ha destacado en su mensaje la idea de crear en la CONADI una Unidad de la Mujer para promover sus derechos específicos. Es una gran iniciativa y junto con ello podríamos decir que organismos como Sernam y similares debieran hacer lo propio. De igual forma, la creación de esta Unidad en la CONADI es materia de decisión del Consejo Nacional.
EDUCACION Y CULTURA.
En este ámbito la Presidenta ha formulado interesantes propuestas: presentar una indicación legal para incorporar la diversidad étnica en los objetivos de la enseñanza básica y media, en particular la enseñanza de las lenguas y de la Historia Indígena en el currículo escolar. Se propone crear academias de lengua y cuatro institutos culturales más 30 jardines infantiles interculturales en el país. En materia de educación superior se hace referencia a los hogares estudiantiles.
El tema de los Jardines infantiles debería ser conversado ya con la JUNJI. La creación de los Institutos Culturales es materia de competencia del Consejo de la CONADI.
La creación de un ramo sobre Historia Indígena abre una gran oportunidad para que el Ministerio de Educación convoque a un Seminario Nacional (o varios) con profesores e intelectuales indígenas para contribuir a la creación de este ramo tan necesario.
EN SINTESIS:
Estamos ante un planteamiento presidencial específico, contundente y jurídicamente innovador pues, en la práctica y como dice la Presidenta “sin modificar la actual Ley Indígena”, crea y establece en forma complementaria
b.- Participación de los indígenas chilenos en el Parlamento. ¿Ley de cuotas?).
c.- Participación de los indígenas en el aparato de Gobierno: ¿permanece la actual estructura de Conadi o se otorga al tema indígena un rango ministerial, como debería ser?.
d.- Participación de los indígenas en el ámbito Municipal.
e.- Otros…
2.- Proyecto de Ley de reforma constitucional referido al carácter multicultural de la Nación chilena, que lleva implícito el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas.
3.- Proyecto de Ley del Borde Costero (lafquenche, rapa nui, otros).
4.- Reforma al Código Civil para establecer el derecho de la mujer indígena a la transmisión matrilineal de su apellido indígena.
5.- Reforma a la Ley orgánica de Municipio para establecer e incorporar la participación de comunidades indígenas en el ámbito local. Entre otros aspectos, esto conlleva la idea de crear Oficinas Municipales de Asuntos Indígenas como una manera de transversalizar este tema en las culturas comunales.
6.- Reforma a la Ley de Salud o creación de una Ley particular para establecer el reconocimiento de la medicina ancestral y sus derechos de ejercicio.
7.- En relación con los sistemas de evaluación de impacto ambiental, debería considerarse una modificación a la Ley Ambiental para incorporar ahí los mecanismos explícitos.
(A este listado de proyectos legislativos hay que sumar una propuesta de indicación al proyecto de Ley general de Enseñanza, actualmente en trámite).
La Presidenta ha formulado los anuncios relativos a estos siete proyectos y se requiere establecer con extrema prontitud un procedimiento de trabajo institucional que conlleva el debate del Consejo de Conadi, la consulta a las organizaciones indígenas y líneas de conversación con diversas entidades gubernamentales (Justicia, Subdere, Salud, Segpres,etc).
POLITICA INDIGENA URBANA.
La tercera idea presidencial, tomada del debate nacional indígena se refiere a la Política indígena urbana, un tema muy ausente en la práctica institucional del Estado. Al efecto, la Presidenta señala su voluntad de “crear un programa indígena urbano” con financiamiento del BID. Se plantean cinco líneas de acción (calidad de vida, promoción de derechos, fortalecimiento de la identidad y rescate cultural, visibilización cultural en espacios públicos y promoción de la no discriminación). Se propone crear programas de emprendimiento; atender temas de vivienda; construir centros ceremoniales; un cementerio indígena; promoción del deporte indígena (recordemos que Chile Deportes ya declaró a la chueca como deporte nacional), etc.
La creación del Programa Indígena Urbano es una medida de orden administrativa. Es decir, el Consejo nacional de la CONADI cuenta con la
potestad para crearlo de conformidad a la Ley Indígena. En consecuencia es una medida de trámite expedito. Las demás medidas requieren coordinación con diversos ministerios (Vivienda, MOP) para los efectos de disponer de la glosa presupuestaria y las decisiones de rigor orientadas a la construcción de centros ceremoniales y cementerio.
MUJER INDIGENA.
La Presidenta ha destacado en su mensaje la idea de crear en la CONADI una Unidad de la Mujer para promover sus derechos específicos. Es una gran iniciativa y junto con ello podríamos decir que organismos como Sernam y similares debieran hacer lo propio. De igual forma, la creación de esta Unidad en la CONADI es materia de decisión del Consejo Nacional.
EDUCACION Y CULTURA.
En este ámbito la Presidenta ha formulado interesantes propuestas: presentar una indicación legal para incorporar la diversidad étnica en los objetivos de la enseñanza básica y media, en particular la enseñanza de las lenguas y de la Historia Indígena en el currículo escolar. Se propone crear academias de lengua y cuatro institutos culturales más 30 jardines infantiles interculturales en el país. En materia de educación superior se hace referencia a los hogares estudiantiles.
El tema de los Jardines infantiles debería ser conversado ya con la JUNJI. La creación de los Institutos Culturales es materia de competencia del Consejo de la CONADI.
La creación de un ramo sobre Historia Indígena abre una gran oportunidad para que el Ministerio de Educación convoque a un Seminario Nacional (o varios) con profesores e intelectuales indígenas para contribuir a la creación de este ramo tan necesario.
EN SINTESIS:
Estamos ante un planteamiento presidencial específico, contundente y jurídicamente innovador pues, en la práctica y como dice la Presidenta “sin modificar la actual Ley Indígena”, crea y establece en forma complementaria
una variedad de instrumentos legislativos que serían únicos en la Historia de Chile, pues darían cuenta del efectivo carácter transversal del tema indígena en el Estado. Por cierto, hay diversas otras iniciativas contempladas en la variada presentación de propuestas existentes, pero los lineamientos primero y segundo del mensaje presidencial dan cuenta de un asunto de fondo: la Presidenta de Chile ha brindado una mirada distinta al tema indígena, desplazando por primera vez el eje societal (de pobreza y marginación) hacia el eje político (de participación y reconocimiento de derechos fundamentales), lo que constituía un reclamo histórico de nuestros Pueblos.
Los temas sociales siguen formando parte de la preocupación gubernamental. De hecho la Presidenta anunció medidas de seguimiento y fortalecimiento del proceso de restitución de tierras y aguas, de apoyo a iniciativas productivas y de fomento y el afianzamiento del Programa Orígenes, entre otros aspectos. La Conadi se ampliará a las nuevas regiones recientemente creadas y se crearán junto con INDAP nuevos instrumentos de fomento. La mandataria también manifestó su disposición para continuar impulsando políticas públicas sectoriales en diversos ámbitos. Su doctrina está planteada con nitidez: “Si perseveramos en esta agenda, habremos dado un paso más largo y más fuerte en el camino hacia lo que queremos: el respeto y ejercicio de la multiculturalidad y la diversidad en nuestro país, valores que para mí son esenciales y fundamentales”.
Domingo Namuncura
Consejero presidencial en Conadi
Miércoles 02 de Mayo 2007
Los temas sociales siguen formando parte de la preocupación gubernamental. De hecho la Presidenta anunció medidas de seguimiento y fortalecimiento del proceso de restitución de tierras y aguas, de apoyo a iniciativas productivas y de fomento y el afianzamiento del Programa Orígenes, entre otros aspectos. La Conadi se ampliará a las nuevas regiones recientemente creadas y se crearán junto con INDAP nuevos instrumentos de fomento. La mandataria también manifestó su disposición para continuar impulsando políticas públicas sectoriales en diversos ámbitos. Su doctrina está planteada con nitidez: “Si perseveramos en esta agenda, habremos dado un paso más largo y más fuerte en el camino hacia lo que queremos: el respeto y ejercicio de la multiculturalidad y la diversidad en nuestro país, valores que para mí son esenciales y fundamentales”.
Domingo Namuncura
Consejero presidencial en Conadi
Miércoles 02 de Mayo 2007
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