LEGISLATURA 355ª
Sesión 88ª, Ordinaria, en martes 4 de marzo de 2008
(De 16:17 a 19:50)PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,Y CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTESECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés --Alvear Valenzuela, Soledad --Arancibia Reyes, Jorge --Ávila Contreras, Nelson --Bianchi Chelech, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Chadwick Piñera, Andrés --Coloma Correa, Juan Antonio --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Flores Labra, Fernando --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --García Ruminot, José --Gazmuri Mujica, Jaime --Girardi Lavín, Guido --Gómez Urrutia, José Antonio --Horvath Kiss, Antonio --Kuschel Silva, Carlos --Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo --Longueira Montes, Pablo --Matthei Fornet, Evelyn --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz Barra, Roberto --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Novoa Vásquez, Jovino --Núñez Muñoz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Pérez Varela, Victor --Pizarro Soto, Jorge --Prokurica Prokurica, Baldo --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosaín --Vásquez Úbeda, Guillermo --Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo Quesney; la señora Ministra de Planificación y Cooperación, doña Paula Quintana Meléndez y el señor Ministro de Justicia, don Carlos Maldonado Curtis.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 14 señores Senadores. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Las actas de las sesiones 85ª, ordinaria, en 22 de enero; 86ª, especial, y 87ª, ordinaria, ambas en 23 de enero, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobaciónAPROBACIÓN DE CONVENIO Nº 169 DE OIT, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "simple". --Los antecedentes sobre el proyecto (233-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo trámite, sesión 30ª, en 12 de abril de 2000. Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 82ª, en 15 de enero de 2008. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los objetivos principales del Convenio son: 1) Establecer un marco legal de protección en beneficio de los pueblos tribales e indígenas en países independientes. 2) Fijar normas especiales aplicables a las etnias en las áreas laboral, educacional, de salud, de procedimiento judicial, de seguridad social, de recursos naturales y de contactos y cooperación transfronterizos. La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo tanto en general cuanto en particular, por tratarse de una iniciativa de artículo único, y lo hizo por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Letelier, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. Asimismo, a solicitud de los Honorables señores Coloma y Romero, acordó proponer al Ejecutivo la presentación de una declaración interpretativa del Convenio, la cual es del siguiente tenor: "El Gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, formula una declaración interpretativa al artículo 35 del referido instrumento internacional en el sentido que éste sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.". Consecuentemente, la Comisión propone a la Sala, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del número 1) del artículo 54 de la Constitución Política, sugerir al Poder Ejecutivo la formulación de una declaración interpretativa en los términos mencionados. Cabe señalar, finalmente, que el artículo 6º, Nº 1, letra a), y Nº 2, y el artículo 7º, Nº 1, oración segunda, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto de 22 señores Senadores. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, me corresponde informar sobre el tema a la Sala. Parto señalando que el Convenio Nº 169 de la OIT representa una de las más sentidas aspiraciones de las comunidades indígenas chilenas, en especial de las que viven en la zona que represento, en donde hay aproximadamente 400 mil mapuches, cifra que, en un universo total de un millón 80 mil, señala claramente que este es uno de los pueblos originarios más numerosos de nuestro país. Quiero recordar que el instrumento internacional en análisis fue adoptado en 1989, con motivo de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, donde fue aprobado por 328 votos a favor, uno en contra y 49 abstenciones, entre las cuales estuvo la de Chile. Como todos saben, el Convenio ha tenido una dilatada tramitación en el Congreso Nacional, ya que -me permito recordarlo- ingresó a la Cámara de Diputados el 8 de enero de 1991, y dicha rama del Congreso lo despachó el 11 de abril de 2000. Además, durante su tramitación fue objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte de un grupo de Diputados, para que se declarara su inconstitucionalidad, lo que dio origen a la causa rol Nº 309, siendo desechada la cuestión. Uno de los aspectos más discutidos fue el sentido de la expresión "pueblo". Se concluyó que dicha expresión no debería interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el Derecho Internacional. De esa manera, la intención del Tratado es la de no crear hechos que pongan en peligro la unidad de los Estados o su integridad territorial. Lo repito, pues este aspecto fue muy discutido en la Comisión y también ha estado presente en el debate público: el Convenio, con relación al vocablo "pueblo", busca no crear hechos que pongan en peligro la unidad de los Estados o su integridad territorial. En cuanto a su contenido, dicho instrumento establece obligaciones generales de los Estados Partes, tales como: -Desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos y a garantizar el respeto de su integridad y el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminaciones. -Reconocer y proteger los valores y usos sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y la integridad de sus valores, prácticas e instituciones. -Consultar a los pueblos interesados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, y formalizar, por supuesto, los mecanismos para que puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y de programas que les conciernan. -Establecer con carácter preferente, en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan las etnias, el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo, así como de su nivel de salud y educación. Otras disposiciones del Convenio son: -Consideración del derecho consuetudinario indígena. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos tribales e indígenas, se deberán tener en cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario. En efecto, se reconoce a estas etnias el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, lo que se encuentra indudablemente protegido. Espero que a Sus Señorías les interese este informe para que puedan tomar las posiciones que correspondan. Repetiré la última idea: Al aplicar la legislación nacional a los pueblos tribales e indígenas, se deberán considerar sus costumbres o su derecho consuetudinario. En efecto, se reconoce a estas etnias el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, mientras no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente admitidos. Lo anterior no impedirá a los miembros de las etnias el ejercicio de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país o el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. -Respeto de prácticas penales indígenas, en tanto sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. -Tierras y territorios indígenas. En cuanto a este aspecto, que también ha sido muy debatido, el Tratado dice que los gobiernos deberán respetar la importancia que reviste, para las culturas y los valores de los pueblos tribales e indígenas, su relación con las tierras o los territorios que ocupan o utilizan de alguna manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación. Asimismo, deberán reconocer a estos pueblos el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. En tal sentido, los gobiernos determinarán tales tierras, garantizarán la protección efectiva de su derecho de propiedad y posesión y adoptarán procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras que hicieren. En este ámbito, hoy la Ley Indígena nacional contempla normas específicas. En este aspecto, cabe hacer presente lo siguiente: a) Recursos naturales existentes en dichas tierras. En materia minera, los gobiernos deberán consultar a los pueblos para determinar si sus intereses serán perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación. Además, dichos pueblos participarán en los beneficios de tales actividades y percibirán una indemnización equitativa por los daños que sufran. b) Permanencia en las tierras que ocupan. Su traslado y reubicación, cuando excepcionalmente sea necesario, deberán efectuarse con su libre y fundado consentimiento. -Disposiciones sobre contratación y empleo. En el marco de la legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, los gobiernos adoptarán medidas para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos tutela en materia de contratación y condiciones de empleo, si no estuvieren protegidos satisfactoriamente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. -Formación profesional, artesanía e industrias rurales. Los miembros de los pueblos interesados deberán disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. -Seguridad social y salud. Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. -Educación y medios de comunicación. Se adoptarán medidas para garantizar a los miembros de estos pueblos la posibilidad de adquirir una educación en todos los niveles, por lo menos en igualdad de condiciones con el resto de la comunidad nacional. Asimismo, se les reconocerá el derecho a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente. Se les facilitarán recursos apropiados para tal fin. Cuando sea viable, se enseñará a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su lengua indígena y se adoptarán medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de dominar la lengua nacional del país. Como surgieron algunas dudas en cuanto a la aplicación del Convenio, cabe tener presente que este exige, como asunto de carácter general, flexibilidad en las medidas que se adopten para su eficacia, considerando las condiciones propias de cada país, y que su cumplimiento no lesione derechos y beneficios garantizados a estos pueblos en virtud de otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales. Señor Presidente, la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros, pues tuvo en consideración los innumerables beneficios que traerá a los pueblos indígenas de nuestro país. Por lo tanto, propone a la Sala aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. Es todo cuando puedo informar. El señor ÁVILA.- ¡Sin agregados de ninguna especie! El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, para el Gobierno es muy importante la discusión que tiene lugar esta tarde en el Senado, y estamos a la espera de la aprobación de este Convenio, que, como muy bien ha dicho el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lleva muchos años de tramitación parlamentaria. Resulta muy significativo señalar que la objeción hecha ante el Tribunal Constitucional sobre el alcance del concepto "pueblo" ha quedado totalmente zanjada con el fallo emitido el año 2000 por dicho Tribunal. De hecho, llevó a Senadores de Oposición a presentar un importante proyecto de reforma constitucional para reconocer la existencia de los pueblos originarios. Por tanto, aquella discusión jurídica ya ha quedado superada. En segundo lugar, es importante señalar que los principios consagrados en este instrumento se encuentran plenamente contenidos en la ley Nº 19.253 (Ley Indígena), que explícitamente se inspira, en su mensaje, en las normas que la comunidad internacional ha ido desarrollando en materia de derecho indígena y muy particularmente en el Convenio Nº 169. Dicho Tratado, al reconocer la entidad jurídica de los pueblos indígenas, considera el respeto de sus derechos, su identidad, sus tradiciones, sus costumbres -tal como lo establece la propia Ley Indígena- y permite que aquellos sean escuchados frente a las decisiones que el Estado deba adoptar. Obviamente, ello no significa necesariamente que el Estado resuelva en cada caso en concordancia con lo que determinada comunidad piense. Pero nunca más podrá ocurrir que se adopte una política pública prescindiendo del parecer de los pueblos indígenas. Señor Presidente, en el transcurso del debate surgió una duda respecto del alcance del artículo 35 del Convenio, cuestión que fue planteada por una de las personas invitadas a la Comisión, proveniente de la Universidad Católica. Una lectura del referido artículo podía llevar a la idea de que, al ratificar Chile este Acuerdo, se hacía obligatorio cualquier instrumento internacional existente en el ámbito de Naciones Unidas sobre los pueblos originarios. Para obviar esa objeción, la Comisión propuso que hubiera una declaración interpretativa, y el Gobierno en su momento aceptó esa posición. Además, para que no existiera ninguna sombra de duda al respecto, el 16 de enero de este año consultamos a la Organización Internacional del Trabajo sobre el alcance de dicho artículo. Hemos hecho distribuir a todos los señores Senadores la respuesta oficial que nos llegó. En la parte final del documento se señala que en el artículo 35 se reconoce que "el Convenio tiene el objetivo de establecer normas mínimas que no deberían perjudicar el goce de normas más favorables que puedan existir a nivel nacional." -considero muy importante señalar que se trata de disposiciones que puedan existir a nivel nacional- "De acuerdo con el artículo 35, la aplicación del Convenio no debería menoscabar los derechos o ventajas más favorables garantizados a nivel nacional, incluidos aquellos garantizados a nivel nacional como consecuencia de la ratificación por un país de cualquier otro instrumento internacional de derechos humanos.". Ello significa que quien sostenga que, con la ratificación del artículo 35, toda recomendación o resolución de la ONU que Chile no haya suscrito debería ser ejecutada de forma automática en el país está equivocado. Lo que señala la OIT es que los Estados miembros se comprometen a respetar el Convenio y cualquier otra norma que se haya ratificado conforme al derecho interno. Como dice la Organización Internacional del Trabajo: "En caso de que cualquier derecho o ventaja más favorable haya sido garantizado por el derecho o la costumbre del Estado miembro interesado en razón de, por ejemplo, la ratificación por ese país de un Convenio de la OIT o de la ratificación (…) de cualquier otro instrumento internacional en conformidad con el derecho internacional de los tratados, dicho derecho o ventaja debe, en virtud del artículo 35, seguir siendo respetado plenamente en el Estado miembro". Eso es obvio. Pero -reitero- no significa que, con la ratificación del instrumento en análisis, el Estado chileno estará obligado a cumplir disposiciones que no ha ratificado de conformidad con el Derecho Internacional de los tratados. Me parece muy importante hacer esta puntualización para despejar completamente tanto las aprensiones que hubo en la Comisión -las que dieron origen a la declaración interpretativa y al compromiso adoptado en su minuto por el Gobierno-, como las distintas hipótesis que podrían surgir tendientes a darle un alcance diferente a dicho artículo. Con esto Chile dará un paso de gran relevancia. Recuerdo que reiteradamente Naciones Unidas nos ha reprochado no haber ratificado este Convenio. Además, esperamos el pronto reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. El país, al menos en esta materia legislativa y de Derecho Internacional, quedaría a la altura de las naciones que respetan a todos sus habitantes y a su diversidad cultural. Muchas gracias. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, en 1989 la OIT aprobó el Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que hoy analizamos. Dicho instrumento no hace sino establecer un reconocimiento respecto de la historia de la humanidad, de la ocupación de los espacios terrestres de nuestro planeta y de que había pueblos originarios en varios territorios antes de la colonización impulsada por el Viejo Mundo, proceso del cual, sin duda, nuestro continente fue parte. Este es el primer instrumento internacional sobre pueblos originarios al cual adherimos y nos obligamos. En la actualidad el Estado chileno no está suscrito a ningún otro. Es el primero de esta naturaleza. No cabe duda de que hay otros tratados (sobre derechos humanos y otros ámbitos) a los cuales sí estamos obligados. Pero el que nos ocupa es el primero en su área -contribuye al Derecho Internacional en este mundo globalizado- que implica una obligación. El Convenio Nº 169 resulta absolutamente concordante y consistente con nuestra ley interna. Más allá de las falencias de los programas y las políticas, la legislación nacional es por completo coincidente con el referido instrumento. Hay un debate distinto respecto de otras iniciativas, entre las cuales está la reforma constitucional que busca otorgarles reconocimiento a los pueblos originarios, lo cual se encuentra pendiente. En sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presidida por el Senador señor Gómez, con participación de los Honorables señores Larraín, Espina y Muñoz Aburto, se efectuó una primera discusión sobre la materia, respecto de lo cual tengo un gran optimismo. Se trata de la posibilidad de que el Estado chileno avance no solo en el reconocimiento constitucional de las etnias indígenas, sino también en un marco regulatorio mayor relativo al respeto de la identidad, la tradición y las costumbres de los pueblos originarios. Habrá temas específicos donde, probablemente, tendremos reflexiones distintas. Sin embargo, no las habrá en cuanto a creer en un Estado unitario, único, que reconoce a otros pueblos -algunos diríamos "naciones"- dentro de su territorio. Pero ese debate es propio de una enmienda a la Constitución y no del instrumento en análisis, el cual no hace sino llevar al plano de las obligaciones y del Derecho Internacional lo ya existente en nuestra legislación. Tengo esa profunda convicción. Después de haber escuchado a diversos representantes de organizaciones indígenas de todos los rincones de nuestra patria, resulta evidente que ellos sienten que este instrumento es una contribución a la defensa y a la promoción de su identidad, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su lenguaje. Y, en verdad, es preciso reconocer que varios de nuestros pueblos originarios han perdido su lenguaje y, por ende, perciben que el tratado en análisis puede contribuir a resolver tal situación. Con relación a la Parte II del Convenio, atinente a las tierras, es necesario establecer ciertos criterios en orden a escuchar, a lo menos, a los pueblos interesados en los casos en que haya procesos de intervención de otras personas en territorios de propiedad indígena. Ese es un tema de debate constitucional sobre el que sin duda podemos discrepar. Con referencia al texto mismo de este Tratado, creo que no contiene innovación alguna respecto de lo que existe actualmente en nuestra legislación. Yo me cuento entre los partidarios de que dentro del Estado chileno haya tierras de propiedad indígena y de que la determinación de lo que allí ocurra se encuentre reservada a sus habitantes. O sea, un sistema similar al de la legislación neozelandesa. Pero ese no es el debate de hoy. El debate de hoy no innova ni en lo más mínimo -repito- la legislación existente en materia de propiedad en nuestro país. Por ello, el Convenio indudablemente significa un avance importante. Señor Presidente, en los minutos que me quedan deseo detenerme en un punto: en el artículo 35, que expresa: "La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados" -es decir, a los originarios- "en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.". Sobre el particular, debo manifestar lo siguiente. Es muy difícil que la aplicación del Convenio en nuestro país llegue a menoscabar otros derechos garantizados en el ámbito internacional, donde Chile no tiene ninguna obligación específica con los pueblos originarios. Ello sólo ocurrirá desde el momento en que aprobemos el instrumento que ahora nos ocupa -esa no es la realidad de otros Estados firmantes- y, por ende, las aprensiones de algunos en el sentido de que el mencionado artículo 35 podría establecernos otro tipo de obligaciones, a mi juicio no se justifican. No se genera menoscabo de los derechos de los pueblos originarios al aprobar el Convenio, porque no hay otros tratados, recomendaciones o laudos que nos obliguen a nivel internacional. Y si mañana los hubiese, el artículo 5º de la Constitución Política de la República estatuye, en forma clara, que ellos -y no otros- deberán incorporarse como obligaciones en el territorio nacional. Por lo tanto, el debate teórico -muy válido- de algunos abogados con relación a las fuentes del Derecho Internacional, a mi parecer no viene al caso en este contexto. Por eso aprobamos el Convenio. Y quiero hacer una reflexión sobre el punto. En la Comisión de Relaciones Exteriores coincidimos con los colegas de la Oposición en que era necesario despejar dudas acerca de la materia. Asimismo, concordamos en que se hiciera una consulta a la OIT, cuya respuesta en nada contradice lo que he expuesto. Pero es menester subrayar que aprobamos el Convenio en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. Y su texto no contempla innovación alguna más allá de la obligación de escuchar a los pueblos originarios frente a proyectos que impliquen intervención en su territorio. Lo único que planteamos adicionalmente -comparto el juicio del Senador señor Romero sobre el punto y quiero que quede constancia de ello en la Versión Oficial porque estimo que los acuerdos deben respetarse- es que se entiende que no existe otro instrumento internacional que nos obligue en cuanto a derechos de los pueblos originarios, ni en cualquier otro aspecto relacionado con ellos, aprobado previamente por el Estado chileno. Y ello es muy relevante. Porque las recomendaciones y declaraciones son solamente eso. Algunos podrán discutir si constituyen fuente del Derecho Internacional -es un debate abierto-, pero no son obligaciones que deba asumir el Estado de Chile. Señor Presidente, los Senadores de estas bancas vamos a aprobar el Convenio Nº 169 en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. Y creemos que la declaración interpretativa referente al artículo 35 ayuda a clarificar entre nosotros -¡entre nosotros!- un instrumento que nos obliga a nivel internacional. Concordamos con el procedimiento y el espíritu con que la formuló la Comisión. Entendemos que ella la planteó al Ejecutivo y que este adquirió un compromiso sobre el particular. Repito: nosotros aprobaremos el Convenio tal como se halla redactado. Y confiamos en que este avance contribuirá a despejar situaciones que los pueblos originarios muchas veces sienten que no son reconocidas; a respetar sus derechos, dignidad y costumbres, y a enfrentar en forma sabia los desencuentros que ha habido durante muchos años, en especial con algunas etnias de la zona sur del país. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la aprobación por parte del Congreso Nacional del Convenio Nº 169 de la OIT es una de las demandas más sentidas de la etnia mapuche. Constantemente, en diversas reuniones, sus representantes nos han solicitado tanto su aprobación cuanto el reconocimiento constitucional como pueblo originario. He consultado con diversos especialistas qué va a significar, en la práctica, la aprobación del tratado. Y esa será tal vez la gran deuda que seguirá teniendo el Estado chileno con los pueblos indígenas. Porque -digamos las cosas por su nombre- nuestro país podría decir que da cumplimiento al Convenio Nº 169 con la actual legislación indígena, que fue dictada en 1993 y que estableció, por ejemplo, el reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas; el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas; la instauración de becas indígenas; la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; el derecho consuetudinario como fuente esencial del derecho por aplicar a esas etnias. Sin embargo, si preguntáramos a los pueblos indígenas -en mi caso, al pueblo mapuche, dado que represento a la Región de la Araucanía Sur, donde gran porcentaje de sus habitantes son mapuches-, nos percataríamos de que se sienten engañados, estafados porque saben que desde 1990 hasta la fecha, e incluso desde que se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, en las Leyes de Presupuestos ha habido recursos -mucho dinero-, pero no se han registrado avances; no ha habido una disminución de las condiciones de indigencia y pobreza en que viven muchos de ellos. Por eso, señor Presidente, al anunciar mi voto favorable al Convenio Nº 169, quiero expresar que necesitamos más becas para los indígenas, a fin de darles mayores oportunidades de educación; necesitamos respuestas positivas a demandas y problemas concretos; necesitamos más subsidios de tierras, pero no para seguir creando situaciones de conflictos, sino para dárselos a quienes postulan a ellos, porque tienen vocación agrícola y quieren ampliar la superficie dedicada a esa actividad para vivir honestamente del trabajo de la tierra. Necesitamos un programa serio, debidamente financiado, que mejore los caminos vecinales y secundarios que llevan a las comunidades indígenas. Si revisamos lo hecho por el Ministerio de Obras Públicas durante el último tiempo nos daremos cuenta de que en algunos años el Programa de Desarrollo Indígena, que contempla recursos orientados al mejoramiento de los caminos de dichas comunidades, no ha gastado ni un solo peso de lo que ha considerado el presupuesto de la nación. Por eso digo que estamos en deuda, a pesar de que los fondos se entregan. A veces hay mala gestión y tanta discriminación negativa en los propios servicios públicos que no avanzamos lo que debiéramos, en la forma en que el Ejecutivo y el Congreso desean. Falta asesoría técnica para mejorar las actividades productivas, la artesanía y, de esa manera, incrementar los ingresos de las familias. Porque si estas quieren salir adelante mediante su propio esfuerzo, con su trabajo, tenemos que entregarles las herramientas para que lo hagan. Pero ocurre que les damos muchos recursos a distintas organizaciones no gubernamentales que se quedan con parte importante de ellos y, finalmente, lo que llega al campesino mapuche más pobre, a la familia mapuche más pobre, es un mínimo de lo que el Estado entrega a través de la Ley de Presupuestos. Por eso, señor Presidente, vamos a aprobar el Convenio Nº 169, aunque ello no signifique necesariamente tranquilidad y mayor paz, por lo menos en La Araucanía. Y lo que nosotros queremos es que haya paz, orden y tranquilidad en esa zona para que haya una mayor inversión que se traduzca también en mejor calidad de vida para toda la población, mapuche y no mapuche. Anuncio que votaré a favor de este importante proyecto de acuerdo, pero pensando de manera muy distinta a lo que acaba de señalar el Senador señor Letelier. Él ha sostenido que es partidario de que haya territorios de propiedad indígena. Al efecto, yo represento a una región que, obviamente, en algún minuto tuvo que haber sido completamente indígena. Lo que ahora tenemos allí es integración: somos hermanos unos y otros; podemos ir al mismo colegio; concurrir a la misma universidad. Y si ello no se da hay que generar las condiciones. Pero no estoy dispuesto, por motivo alguno, a crear un territorio autónomo, porque eso significaría un Estado dentro de otro Estado. Y nosotros vemos cómo en Europa actualmente algunos grupos se hacen pedazos entre ellos por reconocerse como Estados, o no reconocerse como tales. Yo no quiero eso para Chile. Quiero orden, paz y tranquilidad en mi país, pues considero que son condiciones esenciales para que avance, para que todos sus habitantes progresen. Y eso no lo vamos a lograr mientras haya organismos extranjeros que promuevan la idea de territorios autónomos. En este sentido, también hago un llamado al Gobierno. La Cancillería no puede descuidar la acción de quienes recurren a organismos internacionales para buscar financiamiento y luego lo justifican creando graves situaciones de conflicto, de violencia, como la quema de bosques, de siembras, de viviendas, de camiones. No deseamos nada de eso, porque la inmensa mayoría del pueblo mapuche quiere orden, paz, tranquilidad y progreso dentro de la legalidad vigente. Creemos esas condiciones. Discriminación positiva, toda la que quieran, para sacar a esos compatriotas de la pobreza, de la indigencia y darles la oportunidad de ser profesionales igual que los demás; para que el que quiera salir del campo a trabajar en una cosa distinta a la agricultura lo pueda hacer y cuente con las herramientas de apoyo estatal que se lo permitan. Eso es lo que yo quiero para mi país, y entendiéndolo así concurro con mi voto favorable al Convenio Nº 169. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Quiero hacer presente a la Sala que quedan cuarenta minutos de sesión. El acuerdo unánime de los Comités fue despachar este proyecto hoy día. Por lo tanto, hay dos maneras de proceder: se abre la votación y damos cinco minutos para que intervenga cada Senador; o bien, se suprime la hora de Incidentes y prolongamos el tiempo hasta que hagan uso de la palabra todos los inscritos mientras se vota. El señor ÁVILA.- ¡Fundemos el voto! El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, estoy de acuerdo siempre que abra la votación ahora. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si les parece, suprimimos la hora de Incidentes. El señor ÁVILA.- ¿Cuántos minutos tendremos? El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Diez, Su Señoría. Abrimos la votación, se mantienen los diez minutos para cada intervención y se suprime la hora de Incidentes. --Así se acuerda. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación. Tiene la palabra el Senador señor Romero. --(Durante la votación) El señor ROMERO.- Señor Presidente, agradezco la posibilidad de participar en este debate luego de la intervención de nuestro colega el Senador señor García, porque sus palabras sintonizan clara y precisamente con los términos en los que yo siento que la bancada de Senadores de Renovación Nacional ha planteado su punto de vista, no solo respecto del tema formal, en el sentido de aprobar el Convenio Nº 169, sino, precisamente, para formular lo que entendemos como un debate pendiente. Ya lo dijimos en la Comisión: lo que en la década de los años 90 fue tal vez una prioridad, hoy día no parece serlo, y nosotros, a pesar del transcurso del tiempo y de las claras deficiencias no solo de las políticas aplicadas a los pueblos indígenas, sino, de manera particular, en lo que dice relación a la institucionalidad deplorablemente deficitaria que presenta nuestra estructura, nos estamos inclinando por una solución de forma y no de fondo. Escuchamos a muchísimos personeros de distintos sectores que se refirieron latamente a diversos aspectos relacionados con la materia. Sin embargo, el planteamiento de fondo de uno de ellos me pareció extraordinariamente interesante. Coincide con lo que el Senador señor García y quien habla hemos sostenido hoy, en el sentido de que no basta que estemos dando cumplimiento a un tema formal, pues la cuestión de fondo es otra y muy distinta. Ella se relaciona con lo que en la práctica debiera ser una política indígena que tanto él como nosotros calificamos como "discretos avances en materia de reducción de la pobreza indígena" y, del mismo modo, como "discretos resultados en materias de identidad y de preservación cultural". La inquietud del profesor señor Donoso tenía que ver con que si efectivamente nos estábamos centrando en las consecuencias a nivel de políticas sectoriales, había que considerar una serie de variables a la hora de intentar una respuesta, la cual tendría que ver más bien con definiciones sustantivas sobre política indígena y no simplemente adjetivas respecto de normativas que muchas veces no tienen sentido de realidad. Y él nos planteaba, por ejemplo, la resolución entre los conceptos de segregación y de integración, que aquí se ha manifestado. No cabe la menor duda de que la actual política indígena, si bien no promueve de manera abierta la autonomía ni la segregación de los indígenas, establece un sistema de protección de tierras que implica a veces serias trabas a su integración a la sociedad. El profesor Donoso nos señalaba que algunos ideólogos ven en la integración una amenaza a la preservación de las identidades y culturas indígenas. Y, si somos sinceros, el Convenio se encuentra impregnado de ese espíritu, en un aspecto pura y meramente formal. Pero no respecto del tema de fondo, que es cómo colaborar para que se integre un sector de nuestra población. Y un sector que hemos clasificado como rural posee una realidad por completo distinta. Porque, si hacemos un análisis de la estructura, la composición y la radicación de los sectores denominados mapuches, que son prácticamente la gran mayoría dentro de las distintas etnias existentes en el país, nos encontramos con que cuatrocientos mil de ellos ya no pertenecen a la ruralidad, sino a los sectores urbanos. Y esas personas, que viven insertas en el mundo urbano, no alcanzan a percibir la realidad de quienes residen en los sectores rurales. Y muchas veces regresan a la tierra para dar instrucciones o decir cómo tienen que actuar a quienes no han podido surgir en un sector o en otro. Y es allí donde nos encontramos con una institucionalidad completamente rígida, sin flexibilidad alguna, que no facilita ni permite una política realista que de verdad apunte al fondo de la situación indígena en nuestro país. No voy a repetir los conceptos pronunciados por muchos señores Senadores, y en particular por el Presidente de la Comisión, quien interpretó con claridad cuáles son los alcances de las observaciones que formulamos en el debate del órgano técnico. A nosotros nos guía solo el interés de Chile. No otro. Buscamos evitar que el día de mañana seamos sujetos de los vaivenes de algunos académicos o de algunos señores que dentro de institutos o de centros de estudios internacionales se dedican a hacer declamaciones respecto de temas muchas veces alejados de la realidad. Fuimos nosotros quienes dijimos que era muy importante clarificar cuáles iban a ser los alcances de estas recomendaciones. Porque hace muy poco Naciones Unidas aprobó una declaración que ni siquiera contó con el respaldo de países que abierta y claramente han tenido una línea progresista -si así se pudiera denominar- en esta materia, como son Estados Unidos y Canadá. Y por eso sorprende que a veces nos dejemos guiar solo con el hecho de decir: "Usted está de acuerdo o no con un convenio determinado". Ese no es el problema. El problema nuestro es otro, mucho más serio y responsable. En lo que no estamos de acuerdo es en seguir manteniendo segregados, discriminados a ciertos sectores que debieran integrarse culturalmente pero preservando su identidad, como lo hace la gran mayoría de ellos. Es probable que en unos instantes más tengamos que conocer de un proyecto de acuerdo que presentamos a comienzos de año, en el que destacamos que la voluntad mayoritaria del pueblo mapuche es vivir, laborar y formar sus familias en plena integración social y con una voluntad de paz permanentemente manifestada, y que esas legítimas aspiraciones y ese justo derecho a ser reconocidos como tales y participar en igualdad de condiciones del desarrollo nacional no pueden ser confundidas nunca con hechos de violencia de un reducido sector, que muchas veces está siendo utilizado por elementos foráneos a nuestra identidad y a nuestra realidad. Y le pedimos al actual Gobierno que se preocupe de esta situación. Porque no queremos que ocurra lo que ha sucedido en otros países, donde se forman verdaderos guetos, que en definitiva simplemente segregan y no integran. Por lo anterior, hemos concurrido a votar a favor del Convenio en análisis. Y lo hemos hecho con altura de miras, buscando efectivamente interpretar a las grandes mayorías nacionales. Sin duda, estamos recién aprobando algo formal, que es un simple convenio. Pero el debate sobre política indígena se encuentra pendiente. Porque no estamos contentos con lo que hasta hoy se ha hecho, pues creemos que esos sectores necesitan mucho más. Pero no en términos paternalistas, como hasta ahora, sino en cuanto a darles oportunidades para que establezcan libre y claramente sus parámetros a fin de poder desarrollarse y vivir, como todos los demás chilenos, en paz y en unidad. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ha transcurrido un tiempo largo, más del necesario, para poder llegar a esta instancia. Tuve oportunidad de votar el Convenio en la Cámara de Diputados, donde se aprobó por una enorme mayoría: 72 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. El proyecto de acuerdo ingresó el 21 de diciembre de 1990. Su ratificación y la aprobación del proyecto de ley del bosque nativo pasaron a ser las dos cargas emotivas y particularmente de arrastre más inexplicables del Parlamento chileno. No se entiende por qué un tratado de esta naturaleza tarda 18 años en ser aprobado. Estamos a punto de dar un paso extraordinariamente importante en su ratificación. El Convenio 169 actualiza el Convenio 107, que databa de 1957. Por lo tanto, claramente constituye un avance dentro del proceso de modernización de las relaciones internacionales en el trato de los países respecto de sus pueblos originarios. Lo controvertido del Convenio, y en particular las aprensiones manifestadas durante todo el debate, se ha disuelto afortunadamente por una comprensión más profunda de aquel. El Convenio no contiene ningún elemento que vaya a dividir o a quebrar la unidad nacional. Así lo ha expresado la OIT. Y el propio Tribunal Constitucional ha señalado en sentencia clara y firme que no existen aspectos de inconstitucionalidad en él. En consecuencia, las preocupaciones debieran ser dejadas de lado. Siento que ello resulta muy importante. El Tribunal Constitucional ratificó, ante la petición de un conjunto de Diputados, que no hay ningún elemento de inconstitucionalidad. La cuestión presentada fue desechada y, en efecto, el tema constitucional fue zanjado. Por lo tanto, el debate acerca del alcance de algunos artículos, particularmente el 35 y otros, resulta estéril a la hora de la experiencia internacional. Voy a votar a favor del Convenio, pues creo que los aspectos que incorpora le hacen bien a Chile. A un país que mantiene una deuda histórica con los pueblos originarios. A un país que se ha permitido la licencia de aplicar la ley antiterrorista ante las acciones reivindicativas de tierras, tratándolas igual que a los actos criminales terroristas, que ciegan vidas humanas, vidas inocentes. A un país que sigue sin reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios. Hoy estamos aprobando el Convenio 169, pero Chile es la oveja negra en América Latina respecto del reconocimiento constitucional. No hay ninguna explicación -y espero la comprensión del Senado y del Congreso Nacional- para que, habiéndose aprobado el Convenio 169, no reconozcamos en nuestra Carta Fundamental las 9 etnias de los pueblos originarios que constituyen nuestra nación. Hemos creado una institucionalidad, por cierto, pero se halla cuestionada. La CONADI tendrá que ser revisada. Escuché al Senador señor García, él es de Oposición y yo de Gobierno. Y, en verdad, si bien existe una institucionalidad -así lo hizo la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, que se constituyó en tiempos del Presidente Aylwin-, podemos perfeccionarla. Para eso, necesitamos voluntad positiva, voluntad de legislar. Por tanto, la CONADI debe tender a ser mejor. A mí no me gusta esa institución; ha experimentado situaciones de corrupción; ha tenido casos de desorden. Ha sido el instrumento de relación entre el Estado y los pueblos originarios, pero sin duda no ha dado satisfacción. Podemos hacerla progresar. Hay que abrir un debate sobre la Ley Indígena, la cual ha cumplido más de 12 años de vigencia. Todas las normativas son perfectibles. Siento que, en tal sentido, la cruda realidad que hoy observamos en cuanto a la situación indígena nos obliga a una revisión. Cuando Rodolfo Stavenhagen, Relator de la Organización de Naciones Unidas para Chile en materia de pueblos originarios señala con claridad que debe revisarse la legislación, nos hace recomendaciones una voz internacional. Y éstas, desde el 27 de junio del 2007 a la fecha, aún no han sido contestadas por nuestro Gobierno. Además, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y, en particular, Amnistía Internacional manifestaron que Chile no ha dado cumplimiento al respeto de los derechos de los pueblos originarios. Creo que uno de los elementos más importantes contenidos en esta normativa se halla en su artículo 15, y está referido al reconocimiento que hace nuestro país -por cierto, espero que tenga el más amplio consenso en el Senado- en cuanto a los recursos naturales que existen en las tierras y territorios indígenas. En materia minera, los gobiernos deberán consultar a los pueblos originarios -por ejemplo, aymara, coya y, en especial, atacameños- para determinar si sus intereses serán perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o de explotación. Además, dichas etnias participarán en los beneficios de tales actividades y percibirán una indemnización equitativa por los daños que puedan sufrir como consecuencia de aquellas. En relación con la permanencia en las tierras que ocupan, su traslado y reubicación serán excepcionales. Deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Siempre que sea posible, estos pueblos tendrán el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Las recomendaciones del Convenio, por cierto, obligan a Chile respecto de aquellos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Señor Presidente, concurriré con mi voto a favor -aunque tardíamente-, al igual como lo hice en la Cámara de Diputados. Pero quiero advertir que la Comisión en su informe sugiere al Ejecutivo algo bastante peculiar: la presentación de una declaración interpretativa en los términos allí acordados. Al respecto, debo señalar que podríamos pasar un bochorno internacional con esa declaración. Por ello, apelo al Ejecutivo, a mi Gobierno, para que no presente ninguna declaración interpretativa o reserva. Tengo en mis manos una carta, fechada el 11 de febrero del 2008, que da respuesta a una consulta que formulé a la OIT. Leeré el párrafo pertinente en forma textual, porque quiero dejar constancia de ello en la fundamentación de mi voto. El texto dice: "No existen disposiciones específicas en cuanto a la forma de comunicar las ratificaciones al Director General de la OIT, sin embargo el instrumento debe indicar claramente la intención del Gobierno de que el Estado quedará obligado por el convenio de que se trate, y su compromiso de cumplir con las obligaciones del convenio. No es posible establecer limitaciones al Convenio núm. 169. Si después de haber examinado el instrumento de ratificación, la Oficina considera que la ratificación está sujeta a cualquier limitación ("reserva"), cualquiera sea su forma, el Director General no procederá a registrar la ratificación. De conformidad con el artículo 38 del Convenio núm. 169, "Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.".". Lo anterior resulta claro, preciso, categórico. O sea, no procede formular reserva, no procede la declaración interpretativa, porque, en definitiva, pasaríamos a engrosar el listado de las pocas naciones en el mundo -entre ellos, Guatemala y Dinamarca- que presentaron declaraciones interpretativas que fueron rechazadas. El Convenio es flexible: permite a todos los países adaptar lo planteado en él a sus propias legislaciones sin vulnerarlas, como lo expresó el Tribunal Constitucional. A este acudieron parlamentarios de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, y felizmente dicho organismo ratificó la total constitucionalidad del Convenio. Se trata de un paso muy importante para reivindicar la historia, la memoria y la bravía lucha llevada a cabo por los pueblos originarios, que resistieron por más de 300 años en la antigua frontera del río Biobío. Hoy enfrentan la modernidad de un Estado como el nuestro, que a pesar de tener la manifiesta voluntad de apoyarlos, muchas veces termina en plena contradicción. Deseo recordar a don Juan Collihuín, de Nueva Imperial, quien a la edad de 71 años fue baleado en la puerta de su casa. Murió como cuatrero, según denunció el diario "Austral", de Temuco. Ha pasado casi un año y no existe prueba alguna de que eso sea cierto. Juan Collihuín fue enterrado como un cuatrero. Fue baleado por un policía en la puerta de su casa junto con su hijo, quien quedó inválido. El diario "Austral" tituló dicho episodio de la siguiente forma: "Habla carabinero herido por cuatreros". No había cuatreros. La foto de la portada del diario mostraba al carabinero con un moretón en el ojo. Pero no se hizo ni una sola mención al interior del periódico del asesinato de Juan Collihuín, cometido en la puerta de su casa en Nueva Imperial; ni una sola mención al baleo de su hijo en la cadera, atravesada por un disparo realizado también por la policía. Ese es, lamentablemente, el tratamiento que los medios dan a la noticia cuando se trata de los pueblos originarios. Voto a favor. --(Aplauso en tribunas). El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, el Convenio Nº 169 de la OIT establece un conjunto de derechos a los pueblos originarios, que el Estado de Chile se obliga a respetar, a profundizar, a impulsar y a fortalecer. Y entre ellos figura, en primer lugar, el respeto a la propiedad de las tierras que, de acuerdo con nuestra legislación, correspondan a las comunidades mapuches. También determina con toda claridad que se les otorguen verdaderas igualdades de oportunidad en todos los ámbitos, para alcanzar mayor bienestar; que se mejore su capacitación para el trabajo; que tengan un real apoyo, a fin de lograr que sus tierras sean productivas; que puedan acceder sin restricciones a la atención de salud, a la educación, a una vivienda digna. Asimismo, hay un aspecto que reviste enorme importancia, y que quienes no han tenido la oportunidad de visitar en forma habitual zonas con un alto porcentaje de población mapuche a veces no logran comprender, me refiero a la conservación de su cultura, de su lenguaje, de sus tradiciones e instituciones. Hoy las comunidades mapuches piden mayoritariamente la aprobación de este Convenio, el cual establece un conjunto de derechos a los pueblos originarios -que acabo de mencionar- que el Estado se obliga a respetar. La pregunta que le pido a la Sala formularse es la siguiente: ¿por qué estas etnias solicitan en forma permanente la aplicación y respeto de esos derechos? La respuesta resulta evidente: porque las políticas públicas aplicadas durante muchos años a las comunidades mapuches fracasaron. No todas, por cierto, pero sí un porcentaje importante de ellas. Si las comunidades mapuches tuviesen resuelto su problema de tierras; si hubiesen tenido la adecuada asesoría para hacerlas más productivas, para contar con poderes compradores que les permitieran obtener el recurso legítimo de ellas; si dispusieran de caminos accesibles para trasladarse de una localidad a otra; si sus tradiciones y costumbres fuesen respetadas habitualmente; si pudiesen acceder a la salud, a la educación; si ocurriese todo eso por ser eficientes las políticas públicas pertinentes, entonces, aunque por cierto existiría interés en aprobar el Convenio en comento, ello no tendría la importancia que se le atribuye, la cual emana del hecho de que las comunidades mapuches abrigan la esperanza y la ilusión de que con la aplicación de dicho instrumento será factible resolver sus problemas. Por lo tanto, como primera reflexión autocrítica, el Parlamento debe admitir que gran parte de las políticas públicas implementadas en materia de pueblos originarios no han sido exitosas. Y es cosa de que los señores Senadores visiten las Regiones de La Araucanía y del Biobío u otras donde existen muchas comunidades indígenas para darse cuenta de que en un alto porcentaje las tierras que se entregan son improductivas y de que el apoyo recibido para hacerlas productivas es bajísimo; de que es escaso el número de becas de que disponen los alumnos para estudiar y progresar; de que las vías de acceso son limitadas; de que ocurre exactamente lo mismo en cuanto a la atención de salud, y de que las tradiciones y la cultura no se respetan como debiera acontecer en un país que realmente pretende valorizar a sus pueblos originarios. Deseo pedir, señor Presidente, que el Senado ponga en movimiento la Comisión que, mucho tiempo atrás, funcionó luego de que celebramos una sesión para analizar la situación que afectaba a las comunidades mapuches. Ello, con el objeto de elaborar un conjunto de propuestas y políticas públicas que permitan enfrentar con éxito las demandas de aquellas y de los restantes pueblos originarios. Si uno analiza fríamente las políticas aplicadas durante este tiempo, concluye que no han resuelto ni en un ínfimo porcentaje las demandas de dichos sectores. En el caso de la CONADI, no se sabe si representa los intereses del Estado ante las comunidades mapuches o los intereses de estas ante aquel. Porque se trata un órgano dependiente del Estado con un Consejo que supuestamente representa a los mapuches pero que, a la larga, "no es chicha ni limonada". No existe ningún proceso de consulta pública a las comunidades mapuches para saber cuáles son sus prioridades. ¿Cómo no va a ser razonable, si valoramos a nuestros pueblos originarios, que en las regiones, zonas o localidades donde un alto porcentaje de la población es mapuche se realice una consulta pública que brinde a esta la oportunidad de expresar sus verdaderas necesidades? La política de asignación de tierras ha resultado ineficiente en un alto porcentaje. Incluso, no ha sido justa. Y -lo que es peor- muchas de las tierras que se entregan en La Araucanía -invito a los señores Senadores a que vayan a ver el estado en que se encuentran- están siendo trabajadas por personas no mapuches que logran una rentabilidad y una eficiencia muy superiores a las alcanzadas por estos. ¿Por qué? Porque en el caso de los mapuches no hay un nivel de asesoría y apoyo que les permita trabajar sus tierras en forma adecuada. En consecuencia, el Convenio N° 169, sin duda, representa una gran ilusión y una enorme esperanza. La pregunta que uno debe hacerse es si las autoridades de Gobierno, cualquiera que este sea, y el Parlamento, en forma transversal, como acción de Estado, serán capaces de aplicar políticas públicas eficientes que mejoren las condiciones de vida de las comunidades mapuches, que hoy día son -digamos las cosas con vergüenza- los pobres entre los pobres de Chile. Esa es la verdad: ¡las comunidades mapuches son los pobres entre los pobres de nuestro país! Por otra parte, debo señalar que tal vez en las próximas semanas votaremos el proyecto sobre reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Y me alegraría que existiera consenso sobre el particular. Probablemente, mañana habrá unanimidad en la Comisión de Constitución. Pero creo del caso puntualizar que agregamos, en una iniciativa que presentamos parlamentarios de la Alianza, una norma -no existe en nuestra legislación- conforme a la cual se otorga la posibilidad de recurrir de protección frente a las Cortes de Apelaciones, sin necesidad de patrocinio de un abogado y por cualquier vía, cuando un indígena sienta que de alguna forma es discriminado por su condición de tal. ¡En Chile hay discriminación contra los indígenas! Quien sostenga lo contrario no ha visitado las zonas mapuches. ¡Y en Santiago es peor! Esa es una realidad que duele en el alma a las comunidades mapuches. Porque a nadie puede gustarle que, por una parte, en los libros de historia se exprese que ellas dieron una gran lucha por mantener su territorio -eso enorgullece a nuestros hijos-, y por otra, que se las trate, en un porcentaje no menor, de manera absolutamente arbitraria y discriminatoria. Señor Presidente, siento que al aprobar tanto el Convenio N° 169 como, en unas semanas más, la mencionada reforma constitucional en el fondo se está jugando en el límite de la paciencia de las comunidades mapuches en cuanto a sus ilusiones y esperanzas de que mejore su calidad de vida en todos los sentidos. Porque dicho instrumento, si no va apoyado de políticas públicas eficientes -y que quede constancia en este debate-, no resolverá los problemas. Pienso que lo único que deseamos todos nosotros, y particularmente quienes representamos a las zonas mapuches, es que el Convenio en cuestión sea útil, solucione las dificultades. Pero para ello se requiere un gobierno que actúe con eficiencia. Y, hasta ahora, muchas de estas políticas no han sido eficientes. Invito a los señores Senadores a concurrir a la Comisión de Constitución cuando se debata la iniciativa de reforma constitucional sobre la materia -según recuerdo, habrá una audiencia pública- para que pregunten a los representantes de las diversas comunidades mapuches que asistirán cuál es la realidad de estas. No sé, señor Presidente, si me puede conceder un minuto para concluir mi intervención. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, Su Señoría. El señor ESPINA.- Muchas gracias. Señor Presidente, terminare mis palabras con una aclaración, que haré en nombre de las comunidades mapuches de La Araucanía Norte: no es admisible que en nuestro país se transmita la sensación de que La Araucanía está en llamas, porque eso no es verdad. ¡La Región de La Araucanía no está en llamas! Hay allí grupos minoritarios que recurren a la violencia y provocan un grave daño a las propias comunidades mapuches, por cuanto impiden que lleguen inversiones, que exista desarrollo y que se implemente una política pública eficiente. Es muy doloroso para tales comunidades escuchar en los medios de comunicación que se trata de un conflicto -y esto con mayúsculas- mapuche y que se estigmatice a los pueblos originarios, en circunstancias de que me atrevería a decir que el 99 por ciento no está en aquella posición. El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en primer término, deseo manifestar mi alegría por la aprobación del Convenio N° 169, que es importante y positivo. Se ha repetido acá que dicho instrumento constituye un reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y, sobre todo, que contempla garantías para que estos puedan desarrollarse como tales con respecto a su cultura, a su lenguaje, a todo lo que es propio de ellos. Pero creo que más importante todavía es el debate que por primera vez se ha iniciado, al menos en esta Sala, sobre la materia. La discusión más de fondo es hasta dónde estamos dispuestos a hacer un reconocimiento a los pueblos originarios. Y de ahí surgen las diferencias y las discrepancias. Entonces, tal vez sería bueno acoger la propuesta que hizo el Senador señor Espina en orden a generar una comisión especial que se aboque a ver qué posibilidades hay de cierto consenso para saber hasta dónde nos resulta factible avanzar en lo que algunos denominan "integración plena de los pueblos originarios a la sociedad donde están insertos" o en el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación, con todas las implicancias que ello tiene. Es ahí, creo yo, donde se ubica el amplio margen de discusión o de diferencias que provoca el análisis de estos instrumentos internacionales. Y esta es la razón de fondo por la cual no se ha aprobado aún el Convenio N° 169, al menos en el Senado: hasta dónde estamos dispuestos a reconocerles a nuestros pueblos indígenas derecho a la autonomía y a la autodeterminación. Como bien han señalado aquí algunos Senadores, "Estados indígenas o reconocimiento de Estados dentro del Estado, ¡por ningún motivo!". Otros limitan el asunto a las políticas sociales o a la manera de integrar a comunidades que hoy se encuentran entre los sectores más pobres -en la indigencia, en muchos casos- a fin de que tengan acceso al desarrollo y al crecimiento en igualdad de oportunidades. Y ahí viene algo que me parece absolutamente necesario: la implementación de políticas que discriminen positivamente a favor de quienes forman parte de los pueblos originarios. Es lo que han hecho, por lo demás, otros países. En algunos se han llevado a cabo políticas de Estado permanentes que discriminan positivamente a los miembros de las comunidades aborígenes no solo porque reconocen, fortalecen o promueven sus lenguas, sus culturas, etcétera, y colocan la infraestructura adecuada, sino también porque extienden su accionar a todos los ámbitos, en especial el de la educación, que es el instrumento más importante para avanzar en el crecimiento y desarrollo de dichos pueblos, a cuyos integrantes les reconocen privilegios para ingresar a cargos de la Administración Pública. Y también los discriminan de modo positivo desde el punto de vista político al darles participación en las instancias parlamentarias o en las de gobierno local, regional o nacional, de acuerdo con la representación que invistan. Considero que ese debate no lo hemos hecho. Por el contrario, hemos efectuado una discusión un poco mentirosa, pues, por la vía de calificar o descalificar las políticas que se han llevado adelante en materia indígena, hemos evadido el tema más de fondo, que es, en mi modesta opinión -repito-, hasta dónde estamos dispuestos a avanzar en tal reconocimiento. Yo, por lo menos, me encuentro en la posición de dar al derecho de los pueblos aborígenes a la autodeterminación tanto reconocimiento como sea posible. Pienso que, a la larga eso es positivo, por cuanto constituye la única manera de lograr su real integración en la sociedad chilena. Empero, veo que aquí no estamos haciendo ese debate. Y por eso resulta interesante que el Senado se plantee la posibilidad de realizar una discusión más amplia, más integral. Efectivamente, en la Comisión de Constitución se encuentra el proyecto sobre reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Y yo espero que se alcance un acuerdo que permita avanzar de verdad en esa materia. Ahora, me parece que la solución que se halló en la Comisión de Relaciones Exteriores para aprobar el Convenio N° 169 de la OIT es razonable. Ha habido críticas, cuestionamientos, dudas e inquietudes por parte de sectores representativos de algunas organizaciones indígenas o al menos de un sector en el sentido de que una declaración interpretativa puede transformarse en una limitante, o constituir un paso atrás, o significar desconocer el valor y el fondo del referido instrumento internacional. En mi concepto, hay que efectuar una distinción clara: una declaración no es lo mismo que una reserva; no tiene el mismo imperio; no produce los mismos efectos. Lo que el Gobierno de Chile hace al plantear una declaración de tal índole, acogiendo una petición del Senado, es lisa y llanamente dejar sustentada una opinión que aclara -tal como lo dice su nombre- los alcances de la aplicación del Convenio. Y los aclara, a mi entender, en términos positivos. Aquí se ha realizado una falsa discusión, porque muchos representantes de organizaciones han presionado al decir: "No pueden aprobar esto porque constituye un retroceso". ¡Lo que constituye un retroceso objetivo es que llevemos tantos años en el Senado sin decidir la aprobación y ratificación del Convenio N° 169! ¡Eso sí que es un paso atrás! ¡Eso sí que significa perder la oportunidad de avanzar en la discusión del tema más de fondo! Yo reconozco el esfuerzo realizado por el Gobierno y por los Senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, tal vez incomprendido por algunos sectores, o manipulado, o como se quiera decir. Pero creo que acá lo significativo es la aprobación del instrumento internacional en comento. Y si la declaración interpretativa permite que, a mayor abundamiento, se logre la unanimidad de los miembros de esta Alta Corporación, constituirá una señal aún más potente, porque así podremos tener después una base de mayor solidez sobre la cual trabajar en la discusión de los aspectos más de fondo. El tema de los pueblos originarios no se reduce solo a la realidad mapuche, por importante que ella sea. Existe otra diversidad que también es necesario recoger. En mi Región hemos tomado contacto con organizaciones de descendientes del pueblo diaguita que se han estado formando; son incipientes; está toda la realidad del norte, de nuestro pueblo aimara, del pueblo de Isla de Pascua. De manera que tenemos una multiplicidad que igualmente es necesario considerar y que no debe verse opacada o menoscabada en su riqueza étnica por la realidad del pueblo mapuche, por relevante que este sea. A mi juicio, señor Presidente, hay que avanzar en la materia. Sería conveniente traducir aquí las propuestas que se han efectuado en cuanto a discutir este asunto más en serio y con plazos, con metas, con objetivos relativamente claros; llevar a cabo un debate ojalá sin prejuicios y sin la presión a la cual nos someten normalmente las coyunturas que se producen, sobre todo por la realidad de los conflictos que se viven en algunas comunidades mapuches, pero en el entendido de que debemos avanzar todo lo posible -al menos yo estoy en esa postura- en pro de llegar no solo a una integración sino también a un reconocimiento verdadero del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Voto a favor. El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, el debate me ha llevado a la siguiente reflexión: qué razones hubo para demorar 19 años la aprobación de un convenio. Hasta el momento no nos hemos referido a los motivos que han existido entre nosotros -y no solo en este Senado, sino también, seguramente, en el anterior y en muchos otros previos- para no ratificar algo tan obvio. Este instrumento internacional nunca puso en duda la integridad territorial de Chile. ¡Jamás! No hay en él absolutamente ningún párrafo que permita interpretar que su aprobación colocará en entredicho la identidad nacional o la integración territorial de nuestro Estado. Una vez más, tengo la impresión de que no existe en este país, en el Parlamento, un acuerdo sustantivo, un consenso vital sobre la manera como se constituyó históricamente la nación chilena. Y ese es el problema de fondo que nos aqueja. Creo que entre nosotros no hay un acuerdo sustantivo en cuanto a cómo se constituyó nuestra nación, aquella que surgió territorialmente después de la Guerra del Pacífico, vale decir, aquella que va desde Arica hasta Punta Arenas. Con ese conflicto bélico integramos dos grandes regiones. Tras el avance de Temuco al sur integramos una serie de pueblos. Eso ocurrió solo a fines del siglo XIX. Y nunca antes hubo un debate de fondo respecto a lo que significó la Guerra del Pacífico ni a lo que sucedió luego del avance del territorio nacional hacia el sur, donde los únicos enclaves de verdad poderosos eran Punta Arenas, Puerto Montt y, algo, Puerto Varas. El resto eran comunidades indígenas. Chile ha sido un país básicamente indígena, como lo reconoce el único estudio serio que se ha hecho en el país, realizado por el sabio Alejandro Lipschutz. Él investigó cómo se había constituido étnicamente la población de nuestro país. Y llegó a una conclusión extraordinaria: la mayoría de los chilenos somos hijos de un mestizaje maravilloso, básicamente entre la nación española y los pueblos indígenas, no solo el mapuche. Y el grave error que hemos cometido hasta ahora radica en considerar que la nación está constituida únicamente por los descendientes de los huincas y los mapuches, en circunstancias de que también la conforman, de norte a sur, los de una serie de otros pueblos no mencionados en el debate, los cuales tienen tanta relevancia como el mapuche, con el permiso de los parlamentarios que representan a Regiones donde la presencia de este último es significativa. Por ejemplo, el pueblo aimara tiene en la Primera Región, particularmente en Arica, tanta importancia como la que posee el pueblo mapuche en Temuco. El porcentaje de población aimara en esa zona es muy alto. Además, su influencia deriva de habitar, en Bolivia y Perú, en poblados aledaños a la frontera con nuestro país. Sin embargo, el pueblo mapuche también está presente en Argentina. No olvidemos que viene de ese país. Y muchos mapuches trasandinos se reconocen hermanos de aquellos que habitan en nuestro lado de la Cordillera de los Andes. Y entremedio de ellos, en nuestro territorio, hay una serie de pueblos que recién hoy hemos descubierto. De no ser por lo sucedido en el Alto Biobío, la mayoría de los chilenos no habría sabido que allí habitan comunidades pehuenches. Solo se dieron cuenta cuando una familia de esa etnia se opuso a la construcción del embalse que hoy se halla en ese lugar. A propósito de la situación de la Patagonia chilena hemos descubierto a los tehuelches. Y hay personas que se reconocen a sí mismas como pertenecientes a ese pueblo. Y también existen los huilliches, cosa que muy bien saben los parlamentarios de la Décima Región. Yo siempre he dicho que me siento huilliche, porque algo, seguramente, debo tener de ellos, lo que me llena de orgullo, por lo demás. El pueblo huilliche además cede tierras. Por ello, parte importante de Chiloé continental e insular está constituida por esas comunidades. El señor NAVARRO.- ¡Están quedando pocos! El señor NÚÑEZ.- Y tan importantes son que la cultura llamada "chilota" no es heredera de España, sino fundamentalmente de lo que significó ese otro pueblo como parte sustantiva de dicho territorio. En lo que no nos hemos puesto nunca de acuerdo, entonces, es en cómo se constituyó históricamente la nación chilena. Mientras no concordemos en esa visión, no podremos traducir tal antecedente en la Constitución Política del Estado. Y esa es la discusión de fondo. Ahora, con respecto al debate sobre el concepto de "pueblo", algunos se pusieron muy nerviosos, pues lo confunden con el de nación. Porque solo respecto a esta última Naciones Unidas dijo alguna vez que no puede haber nación sin territorio. Pero nunca se refirió al concepto de pueblo, ya que son dos cosas muy distintas. Si se hubiese asociado al concepto de pueblo el de territorio, existiría una cantidad enorme de países sumidos en crisis derivadas de que en su interior albergan a muchos de ellos. En consecuencia, aquí hubo una confusión muy de fondo. Y a la luz de eso he tratado de explicarme por qué durante 18 años no nos hemos puesto de acuerdo sobre el asunto y asumido la responsabilidad de enfrentar con creatividad e inteligencia lo que significa una nación en el siglo XXI. Por cierto, voy a votar a favor -y con mucha felicidad- del Convenio. Y, tal como dijo al principio un señor Senador, recién se ha iniciado la discusión, porque de lo que se trata es que una instancia tan importante para el país como el Senado de la República se ponga de acuerdo en cómo se constituyó el Estado-nación llamado Chile. Si ello no ocurre, vamos a seguir cometiendo los mismos errores del pasado, los mismos errores del siglo XIX, del XX, cuando no reconocimos a nuestros pueblos originarios y por eso los discriminamos y marginamos. ¡Eso es absurdo! Es algo que no puede seguir ocurriendo. Mientras no logremos ese acuerdo sustantivo, puede ser casi banal el debate sobre el contenido de la Constitución Política del Estado. Espero que a propósito de ello abramos una discusión que nos permita enfrentar este tipo de temas. Y, a partir de eso, seguramente podremos abordar lo relacionado con el pueblo mapuche. Porque comparto la opinión de quienes dicen, con razón, que al interior de este último existe un sector minoritario -he conversado con algunos de sus líderes- que efectivamente ha planteado la dualidad nación-territorio, lo que llevaría a necesitar un territorio para el pueblo mapuche. ¡Eso es un error! Y lo he señalado claramente. Es un gravísimo error: primero, histórico, y segundo, conceptual. Por tanto, los que sostienen esa posición están equivocados. Pero se debe discutir con ellos con las armas del diálogo y no con el diálogo de las armas. Porque el diálogo de las armas y de la represión solo conduce a generar una situación absolutamente inmanejable. En consecuencia, es preciso tener argumentos suficientes para responder cuando se plantea, en el caso mapuche, lo de su territorio. Y se les debe recordar que ellos vienen del otro lado de la cordillera. ¡Tan sencillo como aquello! Los pueblos aimara y quechua sí corresponden al lugar donde están asentados hoy. Por tanto, el debate sobre el particular debe ser sustantivo. Y eso nos debe llevar a aprobar el Convenio, con el beneplácito de saber que estamos dando un paso muy sustantivo para el mejoramiento de nuestra concepción de cómo Chile se constituyó como Estado y como nación. He dicho. El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Vásquez. El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, se ha hecho referencia a muchas situaciones para explicar la conveniencia de aprobar el Convenio. Por mi parte, creo que este debe ser mirado también desde otra perspectiva. Lo que hoy tenemos en la ley Nº 19.253 es una normativa interna, la cual puede ser cambiada, por lo tanto, en determinado momento. En cambio, al aprobarse el Convenio 169 como un tratado, este pasa a formar parte de nuestro Derecho interno, de acuerdo a la Constitución, pero conlleva una obligación internacional. En consecuencia, el hecho no resulta banal, desde el punto de vista del cambio o no de las políticas públicas seguidas hasta la fecha. A mi juicio, esa es la verdadera situación que ha preocupado a las comunidades mapuches. Como Senador por La Araucanía, muchos dirigentes me consultaron qué significaba lo de la declaración interpretativa. Y mi respuesta fue similar a la entregada por la OIT: obviamente, el Gobierno no puede obligarse más allá de lo que le corresponde conforme a su legislación interna o a los tratados internacionales que haya acogido el Parlamento. En consecuencia, la declaración interpretativa solo facilita la aprobación del Convenio 169. Así se lo señalé a las comunidades y me alegro de que la respuesta de la OIT haya sido exactamente de ese tenor. Porque, jurídicamente, no podía ser sino en ese sentido. Por otra parte, si bien el Convenio no contiene ninguna medida concreta sensiblemente distinta a la Ley Indígena, contribuirá a impulsar las políticas hacia los pueblos originarios que debe sustentar el Estado de Chile a través de su Gobierno y sus autoridades. Sobre el particular, me parece tan equivocado decir que lo hecho hasta ahora no ha significado casi nada en una proporción mayoritaria como sostener que las políticas públicas han sido absolutamente eficientes y no han registrado ningún error. Y quiero recordar una sola cosa. Fui un serio crítico del Programa Orígenes, Fase I. Y, sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la Fase II. En consecuencia, esa entidad no estará tan disconforme con lo conseguido en su momento con el Programa Orígenes, Fase I, no obstante que, efectivamente, ha significado un paso bastante menor. Y hoy día la política de la CONADI respecto a cómo debe enfrentarse el proceso productivo, educacional, cultural, a través del Programa Orígenes, Fase II, es sensiblemente distinta. Concuerdo también en que la suscripción del Convenio no será solo a favor del pueblo mapuche. Al respecto, quiero recordar que el actual Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena no es mapuche, sino un lican antai que está tratando de hacer su labor lo mejor posible. En consecuencia, media un reconocimiento del Estado en el sentido de que existen pueblos originarios distintos. El señor PIZARRO.- Me parece que es descendiente de aimaras. El señor VÁSQUEZ.- Me dijo que era un lican antai de San Pedro de Atacama. El señor PIZARRO.- Es así, entonces. El señor VÁSQUEZ.- La importancia de ello es que estamos configurando con señales concretas el que en el país, efectivamente, tenemos una diversidad étnica y cultural que es necesario asumir. Pero también debo admitir que, de repente, hay errores gruesos en las políticas públicas seguidas a través de la CONADI. Mas lo anterior es una cuestión distinta de la aprobación del Convenio, que resulta indispensable ratificar. Afortunadamente, por las intervenciones realizadas, parece que así ocurrirá, brillando entonces una luz de esperanza en cuanto a que podremos decir a nuestros hermanos de otras etnias que también forman parte del pueblo de Chile. Muchas gracias. El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el debate que hemos realizado quizás sea, en parte, una respuesta a la inquietud de algunas personas por la prolongada demora del Congreso -y del Senado, en particular- en aprobar el Convenio Nº 169 de la OIT. Aquí hay dos temas que se entrecruzan y que quizás ayuden a entender la situación. El primero es una aproximación de carácter político-institucional en cuanto al significado que reviste para el Estado de Derecho de nuestro país la aprobación del Convenio. El segundo tiene que ver con la realidad de los pueblos originarios, de las etnias indígenas, o como se quiera llamarles. Porque todo pareciera indicar que ella, en lo económico, social, cultural, es bastante delicada, compleja, y, por lo tanto, no obstante los esfuerzos que se hayan podido realizar, ha habido una suerte de fracaso de las políticas seguidas en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, la pregunta es si dicho instrumento internacional ayuda a corregir el problema y a definir políticas públicas que contribuyan en tal sentido. Y quizás la explicación de la dificultad en la aprobación del tratado la da su propio articulado, porque, en la aproximación político-institucional o jurídico-institucional, la inquietud que ha surgido es, precisamente, acerca del alcance de la expresión "pueblos indígenas" que utiliza. Cuando el propio texto, en su artículo 1, número 3, establece que "La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional", está planteando un problema de difícil inteligencia. En efecto, constituye un tratado internacional y los tratados internacionales son parte del Derecho Internacional Público y su principal fuente. Sin embargo, aquí se dice: "La expresión "pueblos" que se utiliza en el Convenio no se debe entender como se emplea en el Derecho Internacional Público". Resulta obvio que ahí existe una contradicción, la cual motivó la intervención del Tribunal Constitucional a raíz de la solicitud de algunos Diputados, precisamente porque de ello se pueden inferir distintas situaciones. ¿Qué quiso señalar dicha disposición? Que el sentido de la palabra "pueblo" tiene una connotación creciente en ciertos ámbitos del Derecho Internacional Público, en declaraciones de Naciones Unidas, que apuntan no solo, como expresó el Honorable señor Núñez, a unirla con la idea de nación, como sinónimo de ubicación territorial, de derechos espaciales, sino a ir incluso más allá, La expresión "pueblos indígenas" lleva consigo el concepto de autodeterminación e involucra, en el Derecho Internacional Público y su reciente evolución, el contar con instituciones propias. Ya no se trata solo de un Estado, sino de un Estado que les reconoce a los pueblos indígenas aspectos jurídicos propios, separados, distintos: un Congreso propio, o parte del Congreso; una judicatura propia, o parte de una judicatura; un territorio propio, o parte del territorio. Y esa situación, obviamente, al aprobarse un Convenio de esta naturaleza o al buscarse la mejor política pública para los pueblos originarios, genera una necesidad de definir y precisar la palabra mencionada. Me parece que el asunto se ha ido zanjando con la propia discusión que hemos sostenido, en la cual nadie ha dejado de reconocer hasta ahora que el sentido que se debe dar al término "pueblos" es el asignado por el Tribunal Constitucional. Ya no solo se trata de una voz definitiva, por establecer en la materia ese organismo una jurisprudencia obligatoria, sino que además es la interpretación que todos los que aquí han intervenido quieran darle. Quiero recordar, precisamente para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que el Tribunal definió la expresión "pueblos indígenas" como "conjunto de personas o grupos de personas de un país que poseen en común características culturales propias, que no se encuentran dotadas de potestades públicas y que tienen y tendrán derecho a participar y a ser consultadas, en materias que les conciernan, con estricta sujeción a la Ley Suprema del respectivo Estado de cuya población forman parte. Ellos no constituyen un ente colectivo autónomo entre los individuos y el Estado.". Eso quiere decir que el término en el número 3 del artículo 1 del tratado solo significa una referencia más bien de carácter sociológico que jurídico, la cual reviste mucha importancia para la preservación de la cultura e identidad de estos pueblos, pero no es sinónimo de conferirles derechos especiales y distintos. El Estado podrá, dentro de su voluntad, buscar libremente los caminos que desee para lograr el mejor futuro de los pueblos indígenas, pero no se sigue de la aprobación del Convenio la existencia de un derecho a un ordenamiento constitucional propio, distinto, sino que ellos se encuentran sometidos a la Carta Fundamental y al ordenamiento jurídico. Adicionalmente, creo que eso ha sido importante, porque el artículo 35 del Convenio se podría prestar para interpretaciones en el sentido de que sería posible que ordenamientos externos subordinaran o limitaran la vigencia de nuestro Derecho al permitirse que instrumentos internacionales tuvieran vigencia en Chile. Al respecto, la norma interpretativa acordada también ayuda, pues, al hacer referencia "al artículo 35 del referido instrumento internacional en el sentido de que éste sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes", manifiesta la voluntad de nuestro Estado de ir otorgando un reconocimiento en la medida en que se obligue y no porque existan declaraciones externas que lleven a hacerlo. Por lo demás, la respuesta de la OIT a una consulta formulada en la Comisión de Relaciones Exteriores apunta en el mismo sentido. Habla de derechos garantizados, es decir, de aquellos que ya están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, se recurre a la versión en francés, que corrobora tal interpretación. Con estos elementos esclarecidos es posible avanzar en la aprobación de este proyecto de acuerdo. Sin embargo, ese no es todo el tema. Desgraciadamente, por razones de tiempo, tendré que abordar brevemente lo otro. Me habría gustado referirme a ello más a fondo. Ahora solo lo enuncio. Los principios que ordenan el Estado de Derecho en nuestro país son: la unidad del Estado, la chilenidad -son nacionales los que señala como tales la Constitución y no otros; por tanto, todos somos chilenos, aunque tengamos orígenes distintos (mapuches, aimaras, alemanes, españoles)- y la igualdad ante la ley, porque no se pueden establecer discriminaciones arbitrarias, al tenor del artículo 19, Nº 3º. Por otra parte, me parece esencial y necesario reconocer que los distintos pueblos indígenas, en general, acusan una situación de pobreza y sufren dificultades sociales y económicas importantes y la pérdida de la identidad cultural. Las políticas aplicadas presentan débiles avances. A mi juicio, la expresión de algunos grupos violentistas no refleja esa inquietud e insatisfacción en forma justa y debida, pero es señal de ello. No podemos legitimar tal acción. Y la única manera de evitarla es desarrollando una política adecuada que, fundada en el principio de la integración y de la no segregación, logre darles destino y futuro, dentro de la identidad chilena, a pueblos que tienen una historia, una cultura y una lengua, lo cual debemos preservar. Ello ha de estar inmerso en una visión de chilenidad común y no en abstracciones o separaciones que parecieran querer convertir a nuestros compatriotas en una pieza de museo. Queremos integración, porque así vamos a lograr un mejor futuro para estos pueblos. Por tales razones, voto que sí. )---------( El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente de la Comisión Mixta encargada de estudiar las divergencias suscitadas a raíz del proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicita autorización para sesionar en forma simultánea con la Sala. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo? --Se autoriza. )---------( El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Arancibia. El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, repetidas veces los expositores han hecho referencia al debate que se habría efectuado acá esta tarde. Pero, en verdad, yo no he escuchado una discusión propiamente tal, sino solo opiniones que, en términos generales, convergen en el mismo resultado, el cual soy capaz de imaginar. O sea, la expresión "debate" es algo que descarto en el tratamiento de esta materia. En el Senado llevo un tercio del tiempo que el proyecto ha estado en tramitación. Y me cuesta entender por qué ha demorado tanto, aunque comprendo las objeciones constitucionales que planteó el Senador señor Larraín. Pero, en fin, hemos llegado a este punto y pienso que es interesante enfrentar el cometido. Hay un aspecto que deseo reforzar. En gran parte de las presentaciones de los señores parlamentarios, el foco de atención, el centro, ha sido el pueblo mapuche. Y, gracias a la intervención del Honorable señor Pizarro y de otros señores Senadores que lo sucedieron, recordamos que existen otras etnias originarias, distintas de la mencionada. En ese sentido, y asumiendo la responsabilidad que me cabe, quiero hablar de la etnia rapa nui, que es especial, porque no se enmarca en el problema general señalado: la existencia de pueblos indígenas con cierto nivel de atraso, desatendidos y con un desarrollo cultural muy básico, muy primitivo, muy deficiente. Yo soy representante de la etnia rapa nui. Y me refiero a que fui elegido, no a que soy integrante de ella. El señor ÁVILA.- ¡Quién sabe…! El señor ARANCIBIA.- ¡A lo mejor algo hay…! Y me llena de orgullo que los pascuenses estén en mi circunscripción. Se trata de un pueblo laborioso, trabajador, inteligente, culto, con una cultura reconocida en todo el mundo y con un desarrollo progresivo espectacular. Conozco Isla de Pascua desde 1960. El avance sociocultural y económico experimentado por esta lejana posesión chilena es fantástico, pese a que las políticas públicas implementadas para ella no han sido lo suficientemente apoyadoras de ese proceso. Dicho pueblo posee cultura, idioma -incluso, quieren hacer un diccionario para correlacionar las dos lenguas-, diversas iniciativas, folclore propio. Realiza un festival cultural, equivalente al de Viña del Mar, una vez al año: la Tapati. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en apoyar el proyecto de acuerdo que estamos tratando. Para ser franco, creo que constituye un progreso y nos permitirá hablar más sobre la materia. Pero quiero abrir un poco más el tema de los pueblos originarios. Días atrás leí con atención un panfleto que venía asociado a un diario, donde se informaba que en la localidad de Monte Verde, 35 kilómetros al norte de Puerto Montt, se encontró evidencia de un asentamiento humano de 13 mil años, lo que es anterior a cualquier otro registro de presencia humana en América en general. Es decir, este descubrimiento descartaría la teoría de que los primeros habitantes del continente llegaron por el norte. Se hallaron vestigios de viviendas, utensilios y otras cosas que se usaron en aquella época. ¡Trece mil años atrás! Como recién sostuvo el Senador señor Núñez, debemos hacer un estudio a fondo para determinar cuáles son los pueblos originarios. ¿Serán los habitantes de Monte Verde, los mapuches que vinieron de Argentina u otros que llegaron del norte? No sé. Se trata de una discusión que debemos efectuar en los términos expuestos por el Honorable señor Pizarro hace un momento. Y vuelvo a referirme a la etnia rapa nui. Dentro de las presentaciones hechas -la del señor Ministro, entre otras-, escuché que en el concierto internacional se nos critica por la forma en que manejamos el asunto indígena. Sin embargo, en Isla de Pascua tenemos una posibilidad maravillosa para dar un ejemplo al mundo de cómo hacer algo fantástico. Porque en ella se concentra absolutamente el objetivo de nuestras preocupaciones. Y hemos trabajado al respecto. Integré una "Comisión de Notables" -parece que así se llamaba; y por eso me costó asimilar que formaba parte de ella-, presidida por el ex Presidente Aylwin, la cual propuso al entonces Presidente Lagos un estatuto especial para la Isla, planteamiento elaborado con la participación del pueblo rapa nui. Pero ahí estamos todavía. El proyecto aún no llega a la Sala. Vamos en la consulta número trece, y pronto se iniciará un debate con trece grupos distintos. O sea, la situación se ha manejado de tal manera que pareciera que no se desea avanzar, a pesar de que Rapa Nui necesita ese Estatuto, pues se encuentra a 4 mil y tantos kilómetros del continente. Ellos no pueden tener una estructura igual a la del resto del país -con gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros- en tres metros cuadrados de terreno. Hay en este caso una lógica distinta, que quiero rescatar aquí hoy día. Se manifiesta una voluntad: ¡estamos con el pueblo mapuche! Tenemos todo el derecho y la obligación de preocuparnos por dicha etnia. ¿Pero qué pasa con esas otras culturas fantásticas? Si hiciéramos un esfuerzo concentrado, bastante mínimo, le daríamos un ejemplo al mundo de cómo efectuar un desarrollo cultural importante en un lugar que, además, es patrimonio de la humanidad. En esta presentación -no debate-, quiero rescatar tal propuesta y hacer presente que se requieren políticas públicas en tal sentido. Debemos avanzar bastante en la institucionalidad. Probablemente la discusión constitucional sea una materia enriquecedora y espectacular, pero ojalá seamos capaces de hacer cosas concretas para darle una respuesta específica a esa gente -mapuches, aimaras, huilliches, onas, rapa nui-, que espera que se atiendan sus necesidades. En este caso, estas son puntuales y menores, pues se trata de un pueblo inteligente, culto y capaz. He dicho. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, como se ha hablado mucho respecto de las circunstancias en que se dio el proyecto de acuerdo, solo me referiré a tres materias que aprendí durante su discusión. Por lo menos, quiero transmitirlas. Más de 26 instituciones expusieron sus puntos de vista acerca del Convenio en muchas sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hubo tópicos relativamente comunes que me permitieron formar una imagen respecto de asuntos que, quizá, no conocía suficientemente y en los cuales me adentré en el transcurso del debate. En primer término, objetivamente, en los últimos años hemos experimentado un profundo fracaso en materia de políticas indígenas. Al respecto, creo que nadie, ni el más acérrimo defensor del oficialismo, planteó lo contrario. Hubo más bien una autocrítica -el propio Ministro del Interior la ratificó hace pocos días- en el sentido de reconocer que se ha enfrentado el tema de forma errada: se ha privilegiado la segregación a la integración; la ruralidad a la realidad -como bien lo mencionó un expositor-; la ayuda a la capacitación; la pobreza a la igualdad ante la ley, y los derechos colectivos a los individuales. Ese conjunto de políticas, que obviamente se inspiran en la buena fe pero que equivocan el problema de fondo, ha generado una situación de relativo o absoluto fracaso -según la lógica de quienes intervinieron- en el ámbito indígena durante los últimos años. Tal asunto no puede pasar desapercibido en el Parlamento. Una cosa es el proyecto de acuerdo en sí mismo y otra, no menor, el contexto en que se da, que, básicamente, obedece a una sensación de frustración por parte de quienes han desempeñado un rol en esta tarea. En segundo lugar, queda bastante claro que la iniciativa no apunta al problema de fondo, más allá de confundir a veces -como bien señaló el Senador señor Arancibia- al pueblo indígena con el mapuche, en circunstancias de que obviamente existen otras etnias, no solo en Rapa Nui, sino también en el norte, que tienen algo que decir y un pensamiento distinto que expresar. En la Comisión hubo representantes de pueblos originarios que eran partidarios de votar en contra del proyecto, y así consta en el texto que recoge la discusión. O sea, no hay consenso respecto de este punto, pues resulta evidente que el texto en análisis no aborda el asunto central, que tiene que ver con la integración, la realidad, la capacitación, la igualdad, los derechos individuales. Ello, quizá, porque no se consideró necesario o pertinente ahondar en tales materias. Si alguien cree que va a existir un antes y un después a partir de la aprobación de este proyecto de acuerdo, está equivocado. Ello sucedería si se abordaran otros aspectos, no incluidos aquí. Por último, aprendí algo que es esencial explicar: frente a la misma norma hay gente que entiende cosas muy distintas. Esa es una cuestión de fondo. Por ejemplo, en cuanto a las disposiciones referidas al uso del agua y de la tierra, algunos entienden -de buena fe- que es obligatorio cambiar la legislación interna y otros dan una explicación diferente: se trata de una declaración de intenciones. Entonces, no es lo mismo aprobar un convenio donde se plantea la obligación de modificar la legislación nacional o el establecimiento de una norma relativamente autoejecutante versus una declaración de principios. Tiendo a pensar que el Gobierno, con una lógica realista -hay que asumirlo- fue dándose cuenta de que no puede quedar la sensación de que cada uno entienda lo que quiera, porque ello constituiría una fuente severa de conflicto a futuro. A mi juicio, aquí radica el punto central: ¿Cómo asegurar la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas?; ¿cómo eliminar las diferencias socioeconómicas por la vía de un convenio?; ¿cómo otorgar un beneficio excluyente en materia de agua o de tierra? Obviamente, uno puede entender una cosa y otros, una diferente. De ahí la importancia -en este punto deseo centrar mi breve intervención- de la declaración interpretativa que le solicitamos al Ejecutivo. Quiero dejar constancia de ella en la Versión Taquigráfica: "El Gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, formula una declaración interpretativa al artículo 35 del referido instrumento internacional en el sentido que éste sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.". Más aún -agrega el informe-, la Comisión precisó que dicha declaración "tiene como objetivo excluir otros conceptos que pueden resultar equívocos como ‘recomendaciones’, ‘instrumentos internacionales’, ‘laudos’, ‘costumbres’ y ‘acuerdos internacionales’, de manera de limitar su aplicabilidad solo a aquellos instrumentos en que existe un claro e inequívoco consentimiento del Estado, como son los tratados ratificados por Chile" -y por el Parlamento, por cierto- "y que se encuentren vigentes.". Entonces, no es menor lo realizado en este período. Se esclarecieron las dudas y se colocó este Acuerdo como un faro. Deberemos buscar ahora cómo ejecutarlo, usando las vías regulares que los países tienen para ello: tratados o leyes internas provenientes del Congreso o del Gobierno, en su caso. Por lo tanto, lo que hizo la Comisión fue despejar los temores. Porque, sin esa interpretación, en la Quinta Región, por ejemplo, se podría entender una cosa; en la Séptima, otra, y en la Primera, una distinta. Y estaríamos a las puertas de un conflicto social. Por eso se demoró tanto la discusión, no por falta de voluntad, ni de interés -se escuchó a más de 26 instituciones durante todo este tiempo-, ni tampoco de generosidad. Por el contrario, al final cada uno cedió en parte para lograr el acuerdo. Yo no puedo decir que este instrumento me interpreta plenamente. Pero es una declaración de principios que puede ser útil para orientar un mejor funcionamiento del sistema, en la medida que recordemos que la integración, la realidad, la capacitación, la igualdad ante la ley y los derechos individuales son aspectos fundamentales en el desarrollo de los pueblos, de las personas, de los chilenos. Y hay que repetir la palabra "chilenos", porque es lo que corresponde. En consecuencia, terminamos un largo periplo, una extensa tarea, con la aprobación -supongo- de este importante proyecto de acuerdo, al cual se le otorga mayor seguridad con la declaración interpretativa del Gobierno. Ahora no culmina un ciclo, sino que se abre una labor: tendremos que evaluar cómo realizar mejor las cosas. Y esa misión está profundamente pendiente en el Chile del futuro. Voto a favor. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente y estimados colegas, a estas alturas de la discusión, del análisis, de la controversia o cómo quiera llamársele, solo vale la pena formular algunas pequeñas observaciones. Primero que nada, quienes estamos aquí desde el restablecimiento del Congreso Nacional nos explicamos la demora en discutir esta materia como algo muy lógico dentro de la política chilena. Desde el comienzo, aquí se manifestó una gran reticencia a ratificar documentos internacionales que pudieran cambiar la situación del mundo originario, porque imperaba mucho temor a que las expresiones "pueblo", "nación", "Estado" se interpretaran de manera diversa en el transcurso del debate. Como ha pasado muchísimas veces en Chile -esta no es la primera ocasión-, las personas son bastante reticentes a abordar esos asuntos. Es habitual que después, cuando las cosas y las sensibilidades frente a estos van cambiando, se aprueben proyectos o ideas que, en la práctica, terminan siendo de alguna manera sobrepasados por la realidad. Y yo convengo en que el proyecto de acuerdo que vamos a aprobar no tenga hoy la significación sociológica y política que tuvo hace quince años. Esa es la razón por la cual esta discusión se ha tardado. En segundo lugar, se ha mencionado con mucha frecuencia el fracaso de las políticas públicas dentro del ámbito de las etnias originarias. Yo no he sido de los más proclives a la forma en que como Gobierno hemos conducido tales políticas y antecedentes. Desde el primer momento, he tenido serias discusiones acerca de por qué había una concepción distinta sobre la manera de enfocar la problemática de los pueblos originarios. Y utilizo tal expresión para contenerlos a todos, pues nadie ha querido decir que solo la etnia mapuche representa conflictos, tal vez por la historia de su vida durante la Conquista española o por la ruda capacidad de lucha que ha demostrado. En ella los problemas son mayores, aun cuando, al tocarse el asunto de los mapuches, se alude a todos. En esas condiciones, yo he sido muy crítico. Debo reconocer que hemos avanzado. Pensar que no se ha progresado durante estos años es infundado, después de un periodo -antes de 1990- en que debemos admitir, con la misma franqueza histórica, que los pueblos originarios, específicamente el mapuche, fueron tremendamente postergados. Y debo recalcar que represento una circunscripción donde existen dos grandes focos de etnias: el del Alto Biobío y el de la zona sur de Arauco. Sin embargo, ¿dónde radica a mi juicio el gran conflicto? En que hemos impulsado una política asistencialista, porque las necesidades eran muchas y la pobreza muy grande. Reconozco que estos son los sectores más pobres entre los pobres. Reconozco que su falta de educación es altísima. Reconozco que los pueblos originarios han sido explotados inmisericordemente no solo por políticas públicas inadecuadas -por plantearlo de esa manera-, sino también por agentes del sector privado. Olvidar eso es omitir la realidad de hace 100 ó 150 años; es olvidar que no solo se han cometido atropellos a la razón, porque no es comprensible de otra manera, sino también que se han impulsado proyectos controvertidos en el Alto Biobío, como fueron las represas Ralco y Pangue, con las cuales se arrasó con costumbres, con ideas. Por ello, lo que ahí sucedió resultó inexplicable, pues, a propósito de las carencias energéticas que sufríamos en aquel momento, hubo que aceptar solicitudes y planteamientos absolutamente leoninos por parte de la empresa encargada de llevar a cabo dichos proyectos. Y finalmente terminamos en un conflicto público e internacional que nos generó muchísimas dificultades por no haber hecho las cosas con cierta consideración y donde el lucro no fuera el único punto de referencia. En esas condiciones, nuestra gran dificultad como país es que hay un profundo desprecio de la sociedad chilena hacia los pueblos originarios. Chile es un país racista y debemos ser francos para reconocerlo. Las encuestas demuestran que al preguntar a los consultados si consideran a los pueblos originarios hermanos o miembros del mismo país, casi todos dicen que sí, casi por pudor. Sin embargo, cuando se interroga a cualquier padre de familia si dejaría que su hija se casara con un mapuche, la respuesta es, mayoritariamente, "no". Entonces, hay un desprecio profundo hacia los pueblos originarios y por eso se los trata de más a menos. Nadie en esta Sala puede interpretar qué quieren los mapuches. Muchos señores Senadores dicen: "Yo creo que ellos desean esto". Esa es otra falla. Nos hallamos en una suerte de democratismo ilustrado: "Yo democráticamente pienso que los pueblos originarios necesitan esto". ¡Pero el problema estriba en que ellos ven que incluso la asistencialidad y la manera de cómo se introduce la solución a los problemas contradicen sus propias tradiciones! Aquí se dice: "Démosles tierras para que produzcan". ¡No obstante el problema de la tierra para los mapuches es algo mucho más antropológicamente profundo que el solo hecho de producir papas! Entonces, cuando no los tratamos con igualdad ellos se dan cuenta. Al mismo tiempo, insinuamos una cierta agresividad para entregarles la ayuda que merecen, porque la ven como una nueva invasión moderna dentro de una argumentación que nosotros -los huincas, por así decir- no entendemos. En consecuencia, me alegro de que se esté discutiendo este proyecto de acuerdo y, con mucha satisfacción, lo votaré a favor. Lamentablemente, no existe una explicación suficiente, a la luz de mi pensamiento, de por qué demoramos quince o dieciocho años su aprobación. Sí lo entiendo desde la perspectiva de las políticas públicas que se impulsan en Chile, donde muchas veces lo rechazado termina siendo aprobado cuando su impacto es bastante menor. Por lo tanto, puede pasar hasta por progresista, sin involucrar un cambio mayor, porque el proyecto de acuerdo no genera modificaciones fundamentales. Estimo que nuestra tarea se concentra de aquí en adelante. Si vamos a abordar esta discusión en serio, creo que el punto central estriba en que debemos enfocar el asunto con igualdad, es decir, en una actitud pari passu hacia los pueblos originarios, a fin de que no se entienda que nosotros somos superiores y, al mismo tiempo, muy caritativos, razón por la que les entregamos muchas cosas para que puedan vivir mejor. En repetidas ocasiones, actuamos así. Por ejemplo, en el concepto de tierras o en el que reseñaba un señor Senador relativo a los derechos individuales. ¡Pero si ellos tienen una concepción de derecho comunitario mucho más fuerte que el individual! Entonces, pienso que debemos sacar adelante ese concepto para que nos permita resolver uno de los problemas claves que nos afectan como país: una identidad chilena no equitativa en cuanto a la concepción del valor que cada uno de los sectores genéricos o genéticos tiene en el contexto de nuestra sociedad. Si hacemos las cosas de esa manera, nos puede ir bien. Y ojalá las podamos hacer mejor que hasta ahora, para que nadie piense que hemos fracasado rotundamente, pues no es posible realizar políticas públicas que, siendo buenas en sí mismas aunque descoordinadas, no hayan permitido un grado de avance, incluso en la línea de la asistencialidad. Voto que sí. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, tomando en cuenta el alto grado de acuerdo que se registra en la sesión, siempre uno piensa en si es bueno intervenir o no. Y lo voy a hacer por respeto a la fuerte presencia de pueblos originarios -siguiendo el término que se ha usado en el debate- en la Región de Los Lagos y en la circunscripción que me corresponde representar en el Senado, básicamente compuesta por comunidades mapuches y huilliches. Pero también lo hago por cariño y respeto a las comunidades mapuches de la Provincia de Arauco, donde fui Diputado en el periodo anterior, así como en general asumiendo que se trata de un tema civilizacional de importancia decisiva para el futuro de Chile. Pienso que al aprobar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado de Chile, a través del Parlamento, está derrotando un temor: el de la posibilidad de que el reconocimiento de nuestra diversidad cultural conlleve tensiones que puedan afectar la unidad del país, alterar al Estado de Chile en su conjunto. Y yo siento que esa ha sido la diferencia desde la llegada de esta iniciativa hasta ahora. Hubo opiniones de personas, organizaciones y fuerzas políticas, las que han entendido que el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios podría llevar, en cierto momento, a una escalada en las demandas de fuerzas que adquieran la perspectiva de la autonomía que terminen por lesionar el Estado nacional e, incluso, dañar su propia estabilidad. Pero, en verdad, si uno observa la experiencia de América Latina y la de países vecinos y hermanos, advierte que no ha ocurrido así. Tal vez el caso más significativo de una nación que desde hace ya varias décadas desarrolla una intensa política indígena es el de México. Él nos indica que el reconocimiento de los pueblos originarios es un paso necesario hacia, precisamente, la mayor cohesión nacional. Porque el reconocimiento de lo distinto dentro de un mismo país y de la multiculturalidad no tiene que ver con afectar la estabilidad de la nación, sino, por el contrario, con afianzarla. Esto no significa que uno vaya a ser ingenuo y desconozca que algunas personas o grupos quieran afectar la unidad del país y piensen que la autonomía de los pueblos originarios puede llevar en el futuro a plantear la demanda de la creación de una nación distinta de la chilena. Pero, más allá de esas opiniones aisladas, lo que nos enseña la experiencia de América Latina -y posiblemente es lo que hoy ocurre mayoritariamente en los pueblos africanos- es que las naciones no tienen otra alternativa para afianzar su cohesión que el reconocimiento de su multiculturalidad. Y eso tiene que ver con las etnias que las constituyen, con sus pueblos originarios o indígenas, como se los suele llamar. Por lo tanto, yo entiendo que al dar este paso no estamos afectando la unidad del país, sino fortaleciéndola. Porque, cuando reconocemos a un aimara, a un diaguita, a un mapuche, a un huilliche, a un rapanui, nos estamos también reconociendo más como chilenos, porque eso es lo que somos. Constituimos una diversidad cultural que no tiene otra alternativa que asumirse como tal. A mi juicio, el paso final no está dado, porque hay materias muy importantes que faltan en el reconocimiento de esta diversidad. Y me atrevo a señalar que la más importante de ellas son los derechos políticos. Como Sus Señorías saben bien, yo no soy nuevo en política, Sin embargo, desde antes de 1973 y después de 1990, he conocido un solo parlamentario de origen mapuche: el ex Diputado Huenchumilla. El señor COLOMA.- ¡Coñoepán también, del Partido Conservador! El señor ESCALONA.- Entiendo que alguna vez hubo un Senador del Partido Conservador con ese apellido. El señor COLOMA.- ¡Fue Diputado, señor Senador! El señor ESCALONA.- Tiene razón, Su Señoría. Por lo tanto, si se revisa la historia, resulta impresentable que actores tan esenciales para la constitución de la sociedad chilena, a lo largo de su existencia -nos acercamos ya al bicentenario- hayan tenido solo dos de los suyos en el Congreso Nacional. Entonces, considero que tenemos que abrir un diálogo con relación a este tema. No nos podemos seguir haciendo los lesos. Necesitamos encontrar una manera a través de la cual los pueblos originarios puedan tener representación. Entiendo que el propio ex Diputado Huenchumilla presentó la idea de un padrón especial que permitiera a los pueblos originarios inscribirse y tener sus representantes. Puede ser esa fórmula u otra. Pero lo cierto es que estamos ante un problema que no vamos a poder eludir. También se han cometido errores en política. Por ejemplo, la formación de la CONADI. A mi juicio, es su doble rol el que le impide funcionar bien. O sea, no ha resultado adecuada la idea de que tal institución sea al mismo tiempo representante del Estado y de los pueblos originarios. Simplemente, no puede tener esa doble función. Y, por lo tanto, habrá que hacer un ajuste. Tendrá que haber, por una parte, un servicio público que atienda a los pueblos originarios desde el Estado y, por otra, alguna entidad -un consejo de los pueblos indígenas o un organismo similar- a través de la cual ellos puedan representarse. Porque esta fórmula mixta no ha dado resultado. También es insuficiente que haya un servicio instalado en la institucionalidad pero en un rincón de ella, por lo que es visto como instancia subalterna. Y esto requerirá pensarlo, buscar una respuesta o quizá otorgar al director de ese servicio la condición de subsecretario u otra. No se trata de inventar organismos por inventarlos. Pero la realidad es que hay un grave problema: la insuficiente representación de los pueblos indígenas en la institucionalidad política del país. Una última cosa, señor Presidente, para no aburrir. Estimo que debemos asumir la multiculturalidad. Pero eso significa respetar la cultura de los pueblos originarios. Uno no puede decir: "Mire, hay que hacer producir las tierras". Yo conozco en Arauco y en la Región de la Araucanía comunidades que entienden que tienen que hacer producir la tierra de acuerdo con lo que requieren para su manutención, no desde el punto de vista del crecimiento "capitalista", por así decir. Entonces, ¿el Estado de Chile las va a obligar a producir o vamos a tener la capacidad de asumir esa diversidad cultural y de llevar adelante un proceso que les permita avanzar, evolucionar, entregándoles herramientas que las integren al desarrollo, pero sin que ello signifique atropellar su cultura? Ese es un gran tema. No se trata de ser paternalista y de respetar cualquier alternativa cultural, porque hay muchas que están contra la civilización humana de hoy. Hace poco hemos sacado resoluciones de acuerdo unánime cuando se violan los derechos humanos de una persona -en naciones africanas, por ejemplo- a través de la lapidación. Es cierto: todo tiene su límite. Hay aspectos culturales que traspasan y violan lo que es la civilización de hoy. Pero tampoco el desarrollo puede ser contra la cultura original, ancestral. Señor Presidente, siento que hoy damos un paso muy importante. Sin lugar a dudas no puede ser el último, pues estamos iniciando un largo camino. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, yo quiero fundamentar mi voto con un solo propósito: el de dejar establecido para la llamada "historia fidedigna de la ley" mi punto de vista acerca de un aspecto que me parece relevante. Me refiero a esta curiosa petición formulada al Gobierno en orden a "aclarar" el contenido del Convenio Nº 169. A mí me resulta enteramente sospechosa esta pretensión. Cuando alguien se esfuerza por aclarar algo diáfano, que fluye con extraordinaria simplicidad en cuanto a su comprensión, es que hay algún intento raro. Particularmente, creo que este esfuerzo apunta a imprimirle un sesgo a una materia que cualquiera que la lea la entenderá perfectamente: la búsqueda de un camino interpretativo que pueda eventualmente conducir a algo distinto de lo que fluye de modo natural en el texto. De ahí que el Gobierno no debe pisar el palito de esta trampa. Ojalá se desentienda de este compromiso, como lo ha hecho a veces en otros campos, no particularmente en lo que concierne a los acuerdos con la Derecha, porque esos se respetan escrupulosamente. Ahí sí que hay una fuerza que emana nítida para imprimirle un celo -como acota el Senador señor Pizarro tan agudamente- y, por lo tanto, salir adelante con algo que haga honor a los consensos, esa suerte de concepto sacrosanto que hoy tiene una particular vigencia. Aquí se ha hecho mención, con extrañeza, con estupor -como corresponde-, del largo tránsito legislativo que ha debido soportar esta iniciativa. No vamos a ahondar en ello, porque todos sabemos que una propuesta que en razón de su propio trámite no admita la incorporación de ideas o de propósitos de parte de Renovación Nacional y de la UDI está condenada a una espera que puede ser interminable. Se ha desentrabado este Convenio porque un conjunto de circunstancias en el país hacen ya insostenible que Chile no se pronuncie en esta materia. Pero la bendita aclaración puede ser homologable con el derecho de pernada de los señores feudales. Ellos, muchas veces, por diversas circunstancias, no podían acceder carnalmente a las mozas que nacían dentro de sus dominios y, por lo tanto, se limitaban a darles una palmadita en el muslo. Pues bien, la Derecha hoy, respecto de este Convenio, quiere darle una palmadita en el muslo a través del Ejecutivo, para que efectúe una interpretación que el día de mañana pudiere dar pie a discutir aspectos de fondo que están meridianamente claros y que fluyen de la lectura del texto sin ningún tipo de inconvenientes. Quiero concluir, en primer lugar, celebrando el que por fin este Convenio, que sufrió un tránsito parecido al de la Ley de Bosque Nativo, emerja a la luz y adquiera vida legal, tanto en Chile como en la comunidad internacional. Debo insistir en que ojalá el Gobierno no se meta en problemas haciendo aclaraciones que no corresponden, porque la verdad es que hoy, en este mundo globalizado, cualquier torpeza que se cometa en el lugar más remoto se sabe de inmediato, se comenta. Y, en este caso, creo que cualquier cosa que recibamos desde el exterior no pasará de ser una sonrisa compasiva por lo ingenuos que podamos ser. Así que, conforme a lo que he expuesto, voto a favor. El señor HOFFMANN (Secretario General).- No hay ningún señor Senador que no haya emitido su voto. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación. El señor GAZMURI.- Había pedido la palabra, señor Presidente. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, no quiero dejar pasar esta oportunidad en el Senado para manifestar mi satisfacción por el hecho de que -como se ha dicho aquí- finalmente, aunque con bastante atraso, Chile puede suscribir este instrumento internacional, que tiene mucha significación y que -según entiendo- es la única nación de América Latina que todavía no lo ha suscrito. Sólo quiero enfatizar que el largo proceso de debate que ha impedido hasta hoy la aprobación de este proyecto de acuerdo no expresa sino la dificultad que ha tenido nuestro país -en particular sus fuerzas más conservadoras- para aceptar la realidad de una sociedad como la chilena, que desde sus orígenes ha sido multiétnica y multicultural. Ha habido una larga tradición, que atraviesa toda la República, por construir una imagen de país con una pretendida homogeneidad racial y cultural, lo que violenta la realidad misma de nuestra historia y la naturaleza de nuestra sociedad: la dificultad para aceptar la existencia de etnias diversas y de culturas distintas y de encontrar en ello un valor. Detrás de esto se halla la vieja idea colonialista de que los pueblos aborígenes eran sociedades bárbaras que debían ser asimiladas a la civilización católica occidental. Esa ha sido la ideología que durante años ha transmitido el Estado de Chile a través de sus instituciones, de sus políticas, de los textos de historia y de las clases dominantes del país. Eso es lo que finalmente en el transcurso del último tiempo se ha ido rompiendo y, por tanto, tiene un valor cultural profundo el hecho de que nosotros demos este paso para que mañana -espero- demos el siguiente desde un punto de vista jurídico, incorporando en la Constitución el principio de la multiculturalidad y de la multietnicidad de nuestra sociedad. La gente a veces se pregunta, con pretendida visión realista, qué problema práctico resuelve el Convenio. Ninguno. Estos instrumentos no resuelven asuntos prácticos, sino que establecen derechos y principios, los que después se deben traducir en políticas y acciones. Por lo tanto, sobre eso hay mucho que discutir y avanzar. Porque es evidente que, desde los primeros acuerdos alcanzados por el Presidente Aylwin con las organizaciones de los pueblos originarios hasta los logrados hoy por la Presidenta Bachelet, ha habido un esfuerzo de parte de los Gobiernos de la Concertación por construir y desarrollar una política hacia los pueblos originarios. Sin duda, falta mucho todavía por recorrer en ese camino. Pero, insisto -y con esto termino, señor Presidente-, creo que este instrumento tiene fundamentalmente un valor cultural-político en esa dimensión, esto es, en la de un país que por lo menos en la forma, de los compromisos internacionales que firma -espero mañana de la Constitución-, acepta como un hecho positivo, valorable, reconocerse como una nación diversa y donde se respetan todas las culturas que la componen. Después de esta aprobación no podrían tener ningún espacio las políticas públicas -me tocó en algún momento ser testigo del estado de estas- llamadas de "chilenización". Y todavía quedan algunos trazos de ellas. La chilenización consistía precisamente en intentar borrar de la memoria y de la historia la cultura, la religión, las lenguas. En el Gobierno de la dictadura incluso se llegó a prohibir el uso del rapa nui en las reuniones de los habitantes de la isla. Lo mismo se ha hecho en todas las dictaduras integristas. Franco prohibió el vasco y el catalán en las escuelas y calles de España. O sea, este asunto no es nuevo. Porque la valoración de lo diferente es un proceso muy complejo. Y basta mirar el mundo de hoy día para ver cómo reviven en todas partes los integrismos, la negación del otro, la afirmación de lo propio con exclusión de los demás. En tal sentido, a mi juicio esta es una muestra de que va madurando, con bastante lentitud, en una sociedad en muchos aspectos tan conservadora como la chilena, una visión que se acerca a lo que realmente somos y a mirarnos en el espejo real de esta sociedad diversa y no en el espejo falso. Yo aprendí en el colegio que Chile tenía unidad racial. Y basta caminar por cualquier calle de nuestro país para darse cuenta de que eso es una mentira. Pero todos creíamos que teníamos unidad racial. Y la verdad es que nunca la hemos tenido. Somos un mosaico de mestizos, de etnias puras, de etnias mezcladas. Por lo tanto, el que una sociedad pueda mirarse en el espejo real constituye un avance práctico y muy importante en el mejor sentido de la palabra. --Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (36 votos a favor; 1 en contra), y queda terminada su tramitación. Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez. Votó por la negativa el señor Novoa. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, en nombre del Gobierno quiero agradecer y relevar la importancia del paso político y cultural que hoy día ha dado el Senado. Y deseo resaltar dos hechos que me parecen importantes. En primer lugar, recordar los tiempos que toma en una sociedad el cambio de las ideas. Las ideas no cambian de la noche a la mañana, son convicciones profundas. Y no podemos sino alegrarnos de que, en este caso, hayan evolucionado en una forma absolutamente positiva. Si bien esto ha tomado 18 años, pensamos que eso significa que el sedimento del cambio es real. O sea, no se trata de un cambio oportunista, superficial, sino que realmente todas las fuerzas políticas aquí presentes comprenden el carácter multicultural de la nación chilena y, al mismo tiempo, aceptan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. En segundo término, quiero exaltar la importancia del diálogo, de la argumentación. Varios Senadores lo han señalado aquí. Todo este tiempo no ha pasado en vano. Se han dado posiciones distintas, y en la confrontación de estas se han aclarado conceptos. Las instituciones han funcionado; el Tribunal Constitucional ha resuelto dudas jurídicas; y, al final, con un paso maduro, el Senado toma una posición. En tercer lugar, deseo señalar que cuando se reconoce la realidad y la identidad de entes colectivos, conjuntamente con fijar normas en ese sentido, también se dan pasos prácticos significativos. Porque para la gente no hay nada más importante que ser reconocida en lo que es. Creo que todos los pueblos originarios de nuestro país valorarán, y con el paso del tiempo recordarán, esta sesión del Senado, porque reconoció lo que Chile es y simultáneamente pagó una deuda que desde hace mucho tiempo estaba pendiente. Muchas gracias.
